Elevan millonaria recompensa por jefes de Los Costeños, Los Pepes y Clan del Golfo: refuerzan operativos en Atlántico

Las autoridades nacionales y departamentales anunciaron una ofensiva integral contra las principales estructuras criminales que operan en el Atlántico, acompañada de una bolsa de recompensas que asciende a 558 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a cabecillas de Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo.

La decisión fue adoptada tras un consejo de seguridad realizado en el Comando Aéreo de Combate N.º 3, en Malambo, en el que participaron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; así como alcaldes y autoridades del área metropolitana de Barranquilla.

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El encuentro se dio en medio de la preocupación por el aumento de homicidios, extorsiones y disputas armadas entre bandas que se disputan el control territorial.

Según lo anunciado, la cifra total de 558 millones de pesos busca incentivar la colaboración ciudadana para desarticular las redes criminales.

Dentro del paquete de recompensas se contemplan hasta 140 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Carlos Muletas, señalado cabecilla de Los Costeños, y alias Caín, presunto líder de Los Pepes. Asimismo, se ofrecen 64 millones por alias Ricostilla y 64 millones por alias Fluvio, y hasta 120 millones por alias Tío, vinculado al Clan del Golfo.

El ministro Sánchez explicó que la estrategia no solo se centra en los incentivos económicos, sino en un fortalecimiento operativo que incluye más presencia policial, capacidades de inteligencia y tecnología.

“Vamos a emplear todo lo necesario para proteger a la ciudadanía y cerrar el cerco sobre estas estructuras”, afirmó.

Uno de los anuncios más relevantes es la creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo, lo que convertirá al Atlántico en la primera región del país con dos jurisdicciones metropolitanas de Policía.

Esta nueva unidad contará con más de 1.300 uniformados especializados en investigación criminal, inteligencia, protección ambiental y grupos antiextorsión y antisecuestro. Además, dispondrá de siete estaciones, una subestación y ocho Centros de Atención Inmediata.

Las autoridades también reforzarán el llamado Plan Cazador, enfocado en desarticular estructuras dedicadas al homicidio y al microtráfico, y mantendrán el Plan Escudo Territorial por la Vida, con intervenciones focalizadas en los municipios con mayores índices de violencia.

En paralelo, el Gobierno anunció una revisión de los procesos de judicialización. De acuerdo con cifras expuestas en el consejo de seguridad, cerca del 90 % de las personas capturadas por distintos delitos en el Atlántico recuperan la libertad en pocos días.

El gobernador Verano advirtió que el 93% de las capturas por porte ilegal de armas terminan sin medida de aseguramiento, situación que, según dijo, debilita la labor de la Fuerza Pública y afecta la confianza ciudadana.

Por ello, el Ministerio de Defensa adelantará un análisis conjunto con la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para identificar las causas de estas liberaciones y ajustar protocolos que permitan que los responsables enfrenten sanciones acordes con los delitos cometidos.

La ofensiva ocurre tras el breve cese de hostilidades acordado en octubre de 2025 entre los máximos jefes de Los Costeños y Los Pepes, quienes pactaron frenar homicidios y extorsiones hasta enero de 2026.

Sin embargo, las autoridades sostienen que las disputas internas y los cambios de lealtad dentro de estas organizaciones han mantenido altos niveles de violencia en Barranquilla y municipios cercanos.

Los Costeños surgieron como una escisión del Clan del Golfo y consolidaron su poder a través del microtráfico y la extorsión en el Caribe colombiano. Los Pepes, por su parte, se fortalecieron tras una ruptura interna que derivó en enfrentamientos y asesinatos selectivos. Ambas estructuras cuentan con redes de sicariato y mecanismos de lavado de activos que les permiten sostener su operación.

En recientes operativos, las autoridades lograron la incautación de bienes valorados en más de 1.500 millones de pesos, presuntamente utilizados para el lavado de dinero.

Además, se anunció una inversión nacional de 85.000 millones de pesos en 2025 para fortalecer capacidades tecnológicas, incluyendo cámaras, drones e inteligencia artificial.