Reserva de la Policía alertó por “deterioro estratégico” en la institución tras el retiro del general Urrego por presunto complot contra Petro

La Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura emitió un pronunciamiento en el que manifestó su “profunda preocupación” por el progresivo deterioro estratégico que, a su juicio, enfrenta la Policía Nacional, en un contexto marcado por la reciente salida del brigadier general Edwin Urrego Pedraza del servicio activo.

El oficial, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, fue retirado el 11 de febrero de 2026 por orden del presidente Gustavo Petro.

La decisión se produjo luego de que el mandatario lo señalara de estar presuntamente detrás de un supuesto plan para introducir narcóticos en el vehículo presidencial con el fin de sabotear su seguridad y afectar su imagen internacional antes de una reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Las sospechas, según se conoció, tuvieron origen en un correo anónimo y en un informe de inteligencia que llegó a la Casa de Nariño. El general Urrego negó de manera categórica las acusaciones, las calificó como “una locura” y afirmó que siempre trabajó por la seguridad del país, incluso manifestando su disposición a someterse a una prueba de polígrafo.

La decisión generó controversia, ya que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros sectores señalaron que no existían investigaciones formales en la Fiscalía contra el oficial al momento de su retiro.

Aunque Fuerza Púrpura no se pronunció sobre el fondo de esas acusaciones, su comunicado se conoció después de este episodio y advierte sobre un fenómeno más amplio: la pérdida sostenida de recurso humano en los niveles de direccionamiento estratégico de la Policía, particularmente en el grado de generales.

Según la organización, la experiencia, el liderazgo y el conocimiento acumulado de estos oficiales son fundamentales para la estabilidad doctrinal y operativa de la institución. La salida de mandos estratégicos —indicaron— impacta la cohesión interna, la continuidad en la planeación y la capacidad de conducción en un contexto de alta complejidad en materia de seguridad.

El pronunciamiento también cuestiona la forma en que desde el Ejecutivo se han tramitado y comunicado públicamente supuestos señalamientos contra altos mandos, señalando que decisiones y exposiciones mediáticas pueden afectar el buen nombre institucional antes de que medie el debido proceso. A su juicio, actuaciones precipitadas basadas en informes sin verificación exhaustiva debilitan la confianza interna y la capacidad estratégica de la Policía.

En el documento, la organización enfatiza que la seguridad del presidente de la República es un asunto de máxima responsabilidad del Estado y que existen protocolos estrictos, procedimientos técnicos y cadenas de mando claramente definidas para garantizar su protección. Por ello, sostiene que cualquier insinuación sobre vulneraciones deliberadas a estos esquemas debe sustentarse en pruebas verificables y no en hipótesis preliminares.

Fuerza Púrpura también hizo referencia a la importancia de que, si existen evidencias reales sobre conductas irregulares, estas sean puestas de inmediato en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, garantizando el respeto pleno al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre.

El comunicado señala además que los hechos recientes tienen origen en un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad sobre la cual menciona preocupaciones en torno a su conducción institucional y eventuales procesos de politización.

Para la organización, la inteligencia del Estado exige rigor técnico, imparcialidad y responsabilidad extrema, dado que un documento preliminar puede generar consecuencias irreparables al afectar la honra de oficiales y la credibilidad institucional.

Finalmente, Fuerza Púrpura reiteró su respaldo a la Policía Nacional y su compromiso con la Constitución, la legalidad y la protección de todos los colombianos, incluido el presidente de la República. No obstante, insistió en que la defensa de la institucionalidad implica exigir rigor, pruebas y respeto por el debido proceso como condiciones esenciales para preservar la confianza ciudadana y la fortaleza estratégica del Estado.