El presunto abuso sexual a una estudiante de la Universidad del Rosario por uno de sus compañeros ha generado una controversia que involucra a la justicia y a la institución universitaria tras la denuncia por hechos ocurridos el 13 de mayo de 2023.
Aunque la denuncia se presentó ante autoridades judiciales y universitarias, las respuestas han sido presuntamente limitadas, y la víctima decidió hacer pública su historia después de meses sin avances.
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Una estudiante de 21 años denunció formalmente a un compañero por presunto abuso sexual en un apartamento del centro de Bogotá. La denuncia fue presentada de inmediato ante la Fiscalía y la propia universidad, pero, tras casi un año, el proceso judicial y disciplinario no ha derivado en medidas concretas, según la víctima.
La joven aportó chats y diagnósticos médicos como pruebas. Ante la presunta falta de resultados y nuevas demoras, decidió acudir a los medios para exigir justicia.
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La noche del incidente, la mujer fue al apartamento de Diego Alejandro Rivera después de compartir unas cervezas. Según el relato ofrecido a Semana, ella se sentía muy mal e incapaz de reaccionar, y expresó su negativa a mantener relaciones sexuales.
Sin embargo, el agresor presuntamente actuó en contra de su voluntad. Los mensajes de WhatsApp evidencian la confrontación: “Te atienes a que literalmente me violaste”. Rivera respondió: “Lo que hice estuvo muy mal, Patricia, perdóname... Fue un error, lo reconozco”.
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La denuncia se radicó en la URI de Paloquemao y la jóven recibió atención médica durante tres días en la Clínica Universitaria Colombia, donde el diagnóstico fue abuso sexual.
Desde que inició la intención de denunciar este hecho, el padre de la víctima reportó dificultades para formalizar la denuncia, pues la autoridad judicial perdió temporalmente el rastro del proceso en los primeros días.
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La fiscal Mónica Vergara se comprometió a tomar medidas urgentes e imputó a Rivera por “acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado”. Sin embargo, no solicitó medida de aseguramiento, lo que causó frustración en la denunciante, según el testimonio de la víctima, según su testimonio a el medio mencioando..
La denuncia enfrentó,. presuntamente, obstáculos desde el principio. No se permitió que la víctima estuviera acompañada durante su declaración inicial y la documentación se extravió momentáneamente en la URI de Paloquemao.
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El padre mantuvo la presión hasta que la fiscal Vergara asumió personalmente el caso. Aunque imputó los cargos, la decisión de no pedir la medida preventiva impactó a la víctima, que expresó, al medio mencionado, su desconfianza en un comunicado a la Fiscalía.
La historia clínica y el relato de la denuncia consignan que Patricia perdió el conocimiento en varias ocasiones. Al recobrar la conciencia, constató tocamientos y acceso carnal en su contra, según la documentación. La falta de respuestas de la justicia y la percepción de revictimización impulsaron a la joven a exponer el caso públicamente.
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Respuesta de la Universidad del Rosario y desarrollo del proceso disciplinario
La Universidad del Rosario activó protocolos internos al recibir la denuncia. Las directivas explicaron a Semana que se implementaron medidas con enfoque de género, confidencialidad y respeto al debido proceso. Ambas partes pudieron ejercer su derecho a la defensa, agregaron.
A pesar de que se resolvió expulsar a Rivera, recursos legales y tutelas interpuestos por el acusado han demorado la ejecución, según sostuvo la mujer. La universidad argumentó que estos mecanismos alargan los plazos para asegurar decisiones ajustadas a derecho.
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Posiciones de los implicados y situación actual
Rivera, consultado por Semana, se negó a declarar sobre el proceso y recordó su derecho constitucional a no autoincriminarse. En la audiencia del 12 de junio de 2023, sostuvo su inocencia. Además, aseguró que las tutelas presentadas ante la universidad buscan proteger derechos fundamentales y no dilatar el proceso disciplinario.
La estudiante sostiene que no ha sido escuchada y que, tras un año, aún no se han tomado medidas contra el presunto responsable, pese a las pruebas aportadas.
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La universidad insiste en que ha cumplido con los protocolos legales y el debido proceso para ambas partes.
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