El Ministerio de Hacienda informó que buscará declarar una emergencia económica en Colombia, acompañada de una asignación de $8 billones para atender los daños causados por la temporada de lluvias. El impacto es muy grave en el departamento de Córdoba, donde las inundaciones dejaron afectaciones notables en diversas comunidades e infraestructuras.
Para financiar las labores de atención, el Gobierno propuso un nuevo impuesto al patrimonio enfocado en el sector empresarial. El tributo, de carácter progresivo, aplicaría tasas del 0,6% para los que posean patrimonios superiores a $10.000 millones y del 1,2% para aquellos con más de $30.000 millones. Según el Ministerio de Hacienda, el objetivo es reunir los recursos suficientes para afrontar los costos sociales y económicos de la emergencia, canalizando los fondos a las zonas más afectadas.
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La medida fue adoptada en un contexto fiscal delicado. Ante el rechazo de la ley de financiamiento o reforma tributaria que hizo el Congreso de la República, el Ejecutivo vio reducida la capacidad para implementar nuevas fuentes de ingreso. Asimismo, la Corte Constitucional suspendió de manera provisional algunas medidas tributarias previas, lo que dejó al Gobierno sin instrumentos inmediatos para responder a crisis como la derivada de las lluvias y las inundaciones.
El ministerio también intenta cubrir déficits acumulados, originados por situaciones como crisis climáticas, incrementos en gastos de salud y mayores demandas en seguridad pública. Destacan, a la par, las presiones sobre el equilibrio fiscal y la necesidad de acciones urgentes para garantizar la estabilidad económica nacional.
Como alternativas, el Gobierno explora ajustes en aranceles, impuestos llamados “saludables” y aportes extraordinarios del sector financiero. Sin embargo, el foco del debate público y de los expertos recae en el propuesto impuesto al patrimonio exclusivo para empresas, que sería aplicado por primera vez bajo un esquema progresivo.
Qué dicen los expertos
La reacción desde el sector empresarial no se hizo esperar y hay fuertes críticas. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, manifestó: “¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad, si la primera idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio a las empresas? Políticas que empobrecen solo nos dejan peor para futuras calamidades”.
La discusión también abarca el monto ofrecido como necesario. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo puso en duda su justificación. “¿De dónde sacan que se necesitan $8 billones? Es clave que nos muestren el detalle", cuestionó. Anotó que la suma parece desproporcionada y merece una auditoría académica externa, ya que ve posible que se esté metiendo una ley de financiamiento para cubrir derroche en gasto público, disfrazada de una calamidad pública.
La naturaleza progresiva del impuesto corporativo también está en tela de juicio. El profesor de Administración de la Universidad de los Andes Francisco Azuero, señaló que es imposible hacer tributación progresiva con impuestos corporativos.
“Un pequeño accionista de una empresa grande paga lo mismo que el gran accionista. La redistribución se hace con impuestos a las personas naturales. Y las tasas actuales ya son bastante redistributivas”, afirmó.
Doble tributación
Por su parte, el exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria y ex subdirector de Análisis y Sectores Estratégicos de la Dian Christian Quiñonez, dijo que “lo que podemos ver en la propuesta del ministro de Hacienda es algo que antes no se había dado y es un impuesto al patrimonio a cargo de las empresas”.
Alertó sobre el riesgo de doble tributación y sostuvo que “si nosotros hacemos un análisis técnico, podría incluso significar un doble impuesto o doble tributación para las empresas o para los dueños de las empresas”. Destacó que los socios de estas compañías ya deben pagar el impuesto al patrimonio como personas naturales por las acciones o participaciones que poseen.
Para el contador público y socio fundador de Clavertax Assestment, la iniciativa responde a la urgencia del Gobierno por obtener recursos frescos. “El Gobierno parece que busca desesperadamente echarle mano de cualquier forma a lo que se le atraviese, con tal de subsanar su situación de caja, que prácticamente ha sido originada por esos gastos exorbitantes que además incrementó en este año a través de la burocracia en esos contratos de prestación de servicios que firmó antes de la Ley de Garantías”, sostuvo.
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