
La presentación de una queja disciplinaria contra la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, ha encendido el debate sobre los límites de la neutralidad política de los funcionarios públicos en Colombia.
El político y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Jairo Ladino, denunció públicamente a la funcionaria ante la Procuraduría General de la Nación, argumentando que su pronunciamiento en redes sociales en favor de una “constituyente” vulnera la prohibición de participación política de quienes ejercen cargos estatales.
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Según Ladino, “llamar a una constituyente siendo funcionaria pública es ILEGAL. Nadie está por encima de la Ley!”, como escribió en su publicación junto con el documento presentado ante el Ministerio Público.
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En su queja formal, Jairo Ladino solicitó la intervención de la Procuraduría con base en el artículo 38 y disposiciones relacionadas de la Ley 1952 de 2019, alegando que Rusinque infringió el régimen constitucional de neutralidad política a través de su mensaje difundido el 4 de febrero de 2026 en la red social X.
En ese texto, que hace referencia a una decisión reciente del Consejo Nacional Electoral, la funcionaria expresó: “La decisión reciente del CNE es un eslabón más de la cadena que erosiona la democracia sustantiva. Responder a ello, no es atizar la confrontación por el puro gusto del conflicto, sino desplegar una estrategia orgánica: deliberación popular, coordinación de intelectuales y movimientos sociales, y la traducción jurídica e institucional en derechos efectivos de conquistas políticas”.
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El candidato detalla que ese mensaje, emitido en la cuenta oficial de Cielo Rusinque Urrego, interpreta que Colombia se encuentra “en un momento constituyente”, lo que implica —a juicio del denunciante— una postura abiertamente política y una invitación a reformas institucionales profundas mediante procedimientos políticos o constitucionales.
En su exposición, Ladino señala: “Estamos, claramente, en un momento constituyente en el que a través de la organización y la potencia colectiva se hace necesario persistir en los cambios y arreglos que permitan cumplir con el propósito de poner el Estado al servicio de la ciudadanía, y no la ciudadanía al servicio del Estado y de quienes lo han capturado en su propio beneficio”.
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La denuncia se fundamenta en el argumento de que esa manifestación constituye “una postura de carácter político que promueve la idea de un ‘momento constituyente’”, lo que podría interpretarse como un respaldo a transformaciones estructurales del orden institucional.
Por ello, Ladino exige una investigación disciplinaria a la funcionaria, resaltando la obligación de los servidores públicos de mantener la imparcialidad, de acuerdo con el marco establecido por la Procuraduría General de la Nación.
La Presidencia de Colombia aumenta presupuesto de celebraciones navideñas en medio de críticas por austeridad, denunció Javier Ladino

El Gobierno nacional asignó $450 millones para eventos de fin de año de la Presidencia en 2025, una decisión que reavivó el debate sobre el impacto social y la coherencia de las prioridades oficiales, en medio de llamados a la austeridad y una situación fiscal tensa, según información de Semana.
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Pese a que el presidente Gustavo Petro había ubicado a los habitantes de calle como grupo prioritario, la mayor parte de estos recursos no incidió realmente en la solución de las problemáticas de este sector vulnerable.
El contrato que reveló Jairo Ladino, candidato a la Cámara, da cuenta de que la Presidencia incrementó en total el presupuesto de cierre de 2025 en $1.500 millones. De esa cifra, 450 millones se orientaron exclusivamente a financiar eventos de fin de año.
La iniciativa buscaba ocupar un lugar simbólico en la agenda pública mediante una serie de actividades navideñas en la Casa de Nariño, tomando como precedente las novenas de 2024, año en el que la Presidencia gastó más de 440 millones de pesos en solo dos eventos de Navidad, según el informe de gestión.
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En el último ciclo de celebraciones navideñas, solo se llevó a cabo una comida con habitantes de calle, presidida por Petro en la sede presidencial. En ese evento, el mandatario sostuvo: “El habitante de calle es un ciudadano y una ciudadana sujeto de derechos, y de acuerdo con la Constitución de 1991, todo funcionario público, todo miembro del Estado, debe servirles, no al contrario”.
Durante el mismo encuentro, Petro añadió: “Nosotros, el Gobierno del cambio, los considera los primeros, así nos pongan presos, así nos persigan, así nos calumnien; hasta el señor Trump me calumnia, pero ustedes en mi corazón son los primeros y así lo hemos demostrado”. A pesar de las afirmaciones presidenciales, los datos de ejecución presupuestal muestran un panorama diferente.
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El Departamento Nacional de Planeación reportó que, de los más de 8.200 millones de pesos aprobados para atender a habitantes de calle, solo se utilizaron poco más de 58 millones, apenas el 0,48 % del total. Además, varios contratos gestionados por el Ministerio de la Igualdad fueron firmados por cero pesos, a excepción de un convenio de cuatro millones para estrategias enfocadas en esta población. El balance de gestión indica también la realización de una “performance” artística durante la Celac en Santa Marta.
Ladino cuestionó que destinar recursos a eventos no enfrenta las causas profundas de la problemática de los habitantes de calle. Expresó: “El Gobierno no debería destinar estos recursos a eventos que realmente no solucionan los problemas de los habitantes de calle ni los problemas reales de la población.
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Hablan de una supuesta emergencia económica, pero está claro que las prioridades del Gobierno están en las elecciones y no en resolver los problemas del país”. Además, criticó la contradicción entre las políticas de austeridad fiscal y la realización de actividades protocolarias.
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