La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) intensificó su vigilancia sobre las políticas de precios y descuentos de importantes empresas del sector comercial en el país.
Esta medida, que ya ha generado tensiones con gremios empresariales, anticipa la ampliación de requerimientos a más compañías en los próximos meses, a fin de determinar si sus prácticas cumplen con el Estatuto del Consumidor y las normas de libre competencia.
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La superintendente, Cielo Rusinque, confirmó en diferentes medios que ya han enviado solicitudes de información detallada a cinco grandes empresas: Totto (Nalsani S.A.S.), Whirlpool Colombia S.A.S., Panamericana Librería y Papelería, Supertiendas y Droguerías Olímpica y Continente S.A.S., dedicada a la distribución de juguetes y productos para el hogar.
Según la funcionaria, este proceso forma parte de “indagaciones preliminares” dentro de las funciones rutinarias de inspección, vigilancia y control de la entidad.
Una de las prioridades de la SIC ha sido examinar en detalle los criterios que utilizan estas compañías para fijar precios, definir descuentos y calcular los márgenes mínimos de ganancia. Las empresas debieron explicar también de qué manera variables como los costos de importación, la logística y los inventarios impactan sobre la estructura final de sus tarifas.
Además, la entidad busca determinar si persisten promociones con descuentos que no serían reales o cuya vigencia no varía en el tiempo.
Aunque parte del sector empresarial ha rechazado la iniciativa por considerarla un riesgo para la libertad de empresa, la superintendente aseguró que no existe ninguna intención de intervenir los precios ni de imponer controles estatales en el mercado.
“No implica en ninguna manera una intervención o una pretensión de fijar los precios, sino una orientación a estudiar los elementos que conforman esa estructura”, explicó Rusinque en diálogo con Blu Radio.
Añadió en Caracol Radio: “El que nada debe, nada teme. Yo creo que, al contrario, los empresarios deben estar satisfechos de que la entidad encargada de velar por las buenas prácticas cumple a cabalidad con su misión”.
De acuerdo con Rusinque, la SIC tiene previsto ampliar los requerimientos de información a más de 50 empresas en el corto plazo.
La funcionaria dijo a La FM: “Van a venir varios requerimientos, otros adicionales; creo que el día de hoy la delegatura iba a hacer por el orden de otros 15 nuevos requerimientos a otras empresas que también tienen gran impacto en el mercado”. Señaló también que otras dependencias, como la Delegatura para la Protección a la Libre Competencia, realizarán solicitudes similares en breve.
La petición de información no constituye por sí misma una investigación formal, sino que puede llevar a revisiones más profundas si la SIC detecta posibles infracciones al régimen de consumidores o a la libre competencia.
En la comunicación enviada a las compañías se solicitan respuestas precisas sobre: procedimientos para fijar precios y descuentos, criterios de márgenes de ganancia, incidencia de los costos logísticos y de importación, influencia de los inventarios en los descuentos y vigencia diaria de los precios.
La reacción de los gremios empresariales no se hizo esperar. Fenalco calificó la iniciativa como una “intromisión” en la autonomía empresarial y afirmó que “pretenden convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios, desnaturalizando su función”, en palabras de su presidente, Jaime Alberto Cabal.
El dirigente instó al Gobierno a recordar que la Constitución consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo las excepciones establecidas en la ley.
Desde la Andi, Bruce Mac Master expresó inquietud y equiparó la medida colombiana a controles implementados en Venezuela en la década pasada. En declaraciones recogidas por Blu Radio, advirtió: “Mucho preocuparía que en Colombia estuviéramos tomando medidas similares a las que fueron tomadas en ese momento en Venezuela” y recordó que el monitoreo estatal de las estructuras de precios generó graves distorsiones en el mercado venezolano.
En respuesta, Rusinque defendió la legalidad de los procedimientos y subrayó que el marco normativo no es nuevo. Precisó en Blu Radio: “En materia de protección al consumidor estamos hablando de un estatuto que existe desde 2012, y en libre competencia de normas que existen desde 1959”. La superintendente enfatizó que los requerimientos se fundamentan en estudios económicos iniciados en febrero de 2025, tanto para el comercio físico como electrónico.
Del mismo modo, Rusinque aclaró que estas actuaciones corresponden a la función constitucional de la SIC para garantizar la transparencia y legalidad en el mercado, así como la protección de los consumidores y la libre competencia. Reiteró que la entidad no fija precios y que su labor consiste en verificar que no se consoliden prácticas abusivas ni engañosas.
Con el anuncio de la expansión de requerimientos, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su postura de vigilancia activa frente al respeto de los derechos del consumidor y la integridad del mercado, anticipando nuevas tensiones con los sectores económicos a medida que se amplíe el alcance de las investigaciones.
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