
La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) decidió cerrar el expediente relacionado con una solicitud de medidas cautelares efectuada por el abogado Víctor Mosquera, que representa los intereses de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras haber sido víctima de un atentado el 7 de junio de 2025.
De acuerdo con la información suministrada por la comisión, enviada a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, no se cumplieron los requisitos para otorgar este tipo de medidas.
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“La Comisión ha decidido cerrar el expediente de la presente solicitud de medida cautelar, en tanto no se cumplen los requisitos del artículo 25 del Reglamento. Esta decisión, en todo caso, no afecta las obligaciones que el Estado sigue teniendo respecto de las personas que puedan encontrarse en una situación de riesgo”, se lee en el documento compartido por la UNP, que ha sido cuestionada por el asesinato del excongresista.
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La entidad indicó que allegó a la Cidh toda la información que pudiera dar cuenta de sus actuaciones y del cumplimiento de sus funciones de protección en relación con el caso de Miguel Uribe Turbay. De igual manera, informó que la decisión de la comisión no afecta de ninguna manera el servicio de protección que la UNP ha estado brindando a la familia de la víctima y equivale a un impedimento para la solicitud de medidas de seguridad.
“La UNP reafirma su compromiso con la protección de la vida y la integridad, así como con la transparencia en el ejercicio de sus funciones”, precisó.
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La solicitud de medidas cautelares por parte del abogado
En julio de 2025, el abogado Víctor Mosquera informó sobre una reunión en la Cidh en la que expuso los argumentos para respaldar la solicitud de medidas cautelares en favor del senador Miguel Uribe Turbay y su núcleo familiar. Indicó que también presentó una petición de medidas cautelares en favor del partido Centro Democrático, al cual pertenecía Uribe Turbay, que ejerce como oposición al actual Gobierno.
“A su vez, también estamos presentando unas medidas cautelares en favor de todos los integrantes de la oposición del partido Centro Democrático, con el objetivo no solamente de salvaguardar su vida e integridad personal, sino de cara a las elecciones del próximo año (2026)”, detalló en su momento.
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El profesional en Derecho allegó a la Cidh documentos para respaldar sus denuncias sobre presuntos discursos de odio y estigmatización impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en contra de Miguel Uribe, así como la presunta ausencia de protección, estigmatización y desinformación en la que al parecer habría incurrido la UNP, que era responsable de la seguridad del entonces precandidato a la Presidencia.
De igual manera, advirtió sobre posibles injerencias por parte de la administración en la investigación sobre el asesinato del senador, que, según resaltó, corresponde únicamente a la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el abogado, el Gobierno nacional ha estado desarrollando indagaciones paralelas y ha estado informando sobre presuntos responsables del crimen.
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“Establecemos que se han venido dando nombres de organizaciones criminales tratando de cerrar esa investigación o direccionarla, y esto no puede ser permitido (…). Presentamos un informe que demuestra que se ha venido obstaculizando por parte del Gobierno nacional las investigaciones que tienen total independencia y nuestro respaldo respecto de la Fiscalía General de la Nación, quien viene desarrollando un trabajo muy acucioso”, señaló.
Asimismo, informó a la Cidh sobre el interés de la familia de Miguel Uribe de que los investigados por el crimen fueran imputados con cargos por terrorismo.
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