La Agencia Nacional de Tierras (ANT) expuso la magnitud de un fraude masivo que se expande por 25 departamentos de Colombia, con redes de estafadores que suplantan a funcionarios y exigen pagos ilegales a comunidades rurales vulnerables.
La alerta no solo incluye este fenómeno, sino que documenta que más de 56 familias campesinas fueron directamente afectadas en Tolima, donde una exrepresentante de una organización social les cobró hasta $2.000.000 por supuestas adjudicaciones de predios, según información oficial de la máxima autoridad de tierras de la Nación, adscrita al Ministerio de Agricultura.
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Según detalló la entidad, hay 39 denuncias penales instauradas ante la Fiscalía por la ANT, junto a 13 más trasladadas tras una mesa de trabajo reciente, y la sistematización de 971 peticiones y quejas (PQRSD) recibidas en 2025.
En este contexto, Felipe Harman, director general de la ANT, afirmó: “Estamos preocupados por cuidar la Reforma Agraria en una lucha frontal contra la corrupción, no solamente algunos líderes campesinos que terminan cobrándole a sus beneficiarios cuotas mensuales para ser beneficiarios del acceso a tierras, sino en todo el país tramitadores que dicen tener contactos al interior de la agencia para cobrarle a propietarios que quieren vender, son denuncias que hemos interpuesto ante la Fiscalía”.
Bajo la misma línea, el inspector César Santoyo, jefe de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (OIGT), remarcó la preocupación institucional. “Hemos logrado instaurar 13 denuncias ante la Fiscalía General solo en lo que va del año. Hay gente utilizando falsas convocatorias laborales y otras artimañas para engañar a la comunidad”, dijo Santoyo, en un video publicado por la entidad en sus redes sociales.
El esquema fraudulento muestra diferentes grados de sofisticación. En Casanare, Cauca y Tolima, los estafadores recurren a grupos de WhatsApp que simulan ser oficinas institucionales, donde exigen documentos personales y pagos en rangos de $300.000 a $2.000.000 por trámites totalmente gratuitos, de acuerdo con las leyes vigentes. Estas redes prometen inscripciones en programas inexistentes de acceso a tierras.
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