Las acusaciones por presuntos actos irregulares en la Alcaldía de Medellín durante la gestión de Daniel Quintero mantienen su avance judicial, mientras que la solicitud de detención en centro carcelario para Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana, agita la escena política y pone el foco en un presunto esquema de corrupción de gran magnitud.
Según lo expuesto por el apoderado del Área Metropolitana, Majer Abushihab, ante la autoridad judicial, la gravedad de las conductas atribuidas a Palacio justifica, a su juicio, la adopción de una medida de aseguramiento en prisión, mientras que la situación procesal de otras exfuncionarias será debatida en una próxima audiencia programada para el 12 de febrero de 2026.
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Entre los argumentos expuestos en la audiencia, Majer Abushihab detalló que durante los últimos días de Palacio en el cargo se produjo la “inactivación de una cámara de seguridad casualmente en el segundo semestre del año 2023, la quinta y última cámara identificada con el número 29, de tecnología análoga, ubicada [...] al interior del archivo de la entidad para custodia del acervo documental allí custodiado, que al momento de recibir la administración del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en el mes de enero de 2024, se evidenció que estaba fuera de servicio”.
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Así, Abushihab puso de relieve la trascendencia de la cámara para el “registro íntegro del archivo de la entidad”, subrayando la preocupación por la merma en los sistemas de control y vigilancia de documentos clave en la administración pública.
Durante la diligencia, el apoderado explicó que las irregularidades bajo revisión no solo involucran a Palacio. Las investigadas Ana María Roldán y Diana María Montoya, ambas en juicio, aparecen como responsables de firmar seis contratos señalados por sobrecostos y no entrega de bienes, con un perjuicio denunciado que excede los $2.400.000.000. La Fiscalía General de la Nación había solicitado para Palacio la detención preventiva, mientras que el Área Metropolitana propuso para Roldán y Montoya una medida no privativa de la libertad, decisión que se postergará para la fecha acordada en febrero de 2026.
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La fundamentación de la defensa del Área Metropolitana incluyó la exposición de vínculos personales y profesionales entre Juan David Palacio y Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde. “Desde hace más de diez años, su señoría, existe una relación muy cercana entre Juan David Palacio y Miguel Quintero”, expuso el abogado durante la presentación de pruebas. En su apreciación, las decisiones contractuales tomadas pretendían beneficiar directamente a Quintero Calle y otros allegados.
La argumentación se sustentó, además, en la revisión de chats, audios y documentación: allí se planteó que Miguel Quintero Calle habría presionado para la contratación de las dos investigadas, supuestamente con el objetivo de facilitar contratos con incrementos superiores al 200% y la obtención de rentabilidades irregulares.
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La defensa del Área Metropolitana señaló hechos que considera especialmente graves, afirmando que Palacio “unos días antes de irse, ordenó que se formatearan unos computadores. Presuntamente fueron restablecidos de fábrica, formateados, por una persona externa a la Unidad de Infraestructura Tecnológica y que fungió como contratista de la entidad. En presencia del exdirector, le solicitó a un contratista de soporte técnico de sistemas la clave de administración local de los tres computadores con el fin de realizar un backup de los buzones de correo de los usuarios asignados a cada equipo de cómputo”, expuso Abushihab.
El desarrollo del proceso penal dio lugar a la prisión de algunas personas relacionadas con el caso. La continuidad de las audiencias y las decisiones esperadas para los próximos meses mantienen en vilo a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades regionales.
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