
El surgimiento del nuevo Viceministerio para Asuntos Migratorios y Consulares en Colombia ha suscitado un debate entre los miembros de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), quienes valoran la iniciativa, pero menciona vacíos críticos en su implementación.
En diálogo con la prensa, Julián Silva, presidente de Asodiplo, expuso con claridad las advertencias que pesan sobre la viabilidad operativa y jurídica del proceso.
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Silva remarcó que ven la creación del viceministerio “de una manera muy positiva”, aunque aclaró con énfasis: “El Viceministerio para Asuntos Migratorios y Consulares es esencial para la función del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
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No obstante, la transición estructural encuentra obstáculos considerables. “Se creó el Viceministerio a costo cero. Eso quiere decir, se abrió un viceministerio, pero no se le dio un solo funcionario adicional a Cancillería para que realmente fuera convertido a una oficina, que era una dirección de Asuntos Consulares, en un viceministerio con las capacidades que debe tener un viceministerio”, explicó Silva a la opinión pública.
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Otra de las preocupaciones centrales radica en el manejo institucional del cambio. El funcionario señaló que: “La adecuación institucional de Cancillería no se ha venido llevando de la manera correcta para poder crear efectivamente el viceministerio”.
En el plano normativo, el presidente de Asodiplo se detuvo en la falta de diligencia con el manual de funciones, que entrega las directrices apra un conducto regular en caso de este tipo: “Ese manual de funciones no lo han publicitado bien, no hicieron las consultas a tiempo con las organizaciones gremiales en Cancillería, que eran necesarias hacerlas, para expedir la resolución y la expedición de esa resolución es esencial para poder nombrar a la nueva viceministra”.
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El anuncio formal del nombramiento ha llegado, pero el procedimiento administrativo se percibe frágil. Silva advirtió: “Creemos que el riesgo jurídico en el que está poniendo el Ministerio de Relaciones Exteriores a ese nuevo viceministerio y al nombramiento de la nueva viceministra, porque no ha expedido a tiempo los instrumentos que tenían que haber expedido para proceder con ese nombramiento, es alto”, declaró Silva a la prensa.
Ante este panorama, Asodiplo formula una exhortación directa: “Lo que nosotros hacemos es un llamado para que se hagan las cosas como se deben hacer. Se expida como tal el manual de funciones que crea el cargo de viceministra, que esa expedición del manual de funciones se haga conforme a la ley, además, porque existen unos pasos para publicar un instrumento de ese tipo y adicionalmente, que las consultas con las organizaciones gremiales y el diálogo y las sugerencias que nosotros hemos hecho sean tomadas en serio para poder organizar de una manera legal el nombramiento de esta nueva persona”, concluyó Silva.
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Por qué el Ministerio del Trabajo no se ha pronunciado sobre los despidos masivos en el Dapre y la Cancillería
El despido reciente de más de 80 funcionarios en la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) ha elevado la inquietud sobre la respuesta y límites de intervención del Ministerio del Trabajo, especialmente al tratarse de desvinculaciones ocurridas días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías y en pleno año electoral.
Según expertos, la proximidad de estos despidos a fechas determinantes en el calendario político acentuó el temor a que pueda haber un uso político de los cargos públicos. La presidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), Ana María Moreno, destacó la magnitud de la situación al señalar: “Funcionarios de carrera, que llevan hasta 15 años vinculados, nos dicen que no habían visto una oleada tan alta en tan poco tiempo”.
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El sindicato señaló la ausencia de explicaciones sobre el fundamento técnico y cuestionó que la Cancillería no haya diseñado un plan de contingencia para estas salidas, registrando hasta 52 personas desvinculadas en las últimas semanas, varias con entre 18 y 30 años de trayectoria. En el Dapre, al menos 30 empleados fueron declarados insubsistentes el 26 de enero, apenas días antes de que la regulación restrinja la movilidad laboral en el sector público.
Mientras que ante despidos masivos en empresas privadas, como en Caracol Radio y La W en noviembre de 2025, el Ministerio del Trabajo intervino de forma inmediata, en este caso aún no ha emitido ningún pronunciamiento oficial.
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Consultado por El Colombiano, Iván Jiménez, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, expresó: “Probablemente no lo hará porque eso es como pegarse un tiro en el pie”, en referencia a la dificultad de investigar despidos dentro de la administración estatal.
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