A partir de 2026, los dueños de perros en Colombia deberán cumplir con un marco legal más estricto que busca garantizar tanto la seguridad ciudadana como el bienestar animal.
La medida se centra especialmente en los animales clasificados como de “manejo especial”, incluyendo razas como American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino, Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Tosa Japonés y Dóberman, así como sus cruces o ejemplares con antecedentes de agresión.
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Esta transformación legal se sustenta en la consolidación del reconocimiento de los animales de compañía como parte de la “familia multiespecie”, establecido por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá en 2023.
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Desde entonces, la legislación colombiana ha fortalecido la responsabilidad civil y ética de los dueños de perros, incrementando la exigencia de documentación y regulaciones para garantizar la seguridad de todos los miembros del hogar y de la comunidad.
El documento central que regula estas disposiciones es el Registro en el Censo de Perros de Manejo Especial, un trámite obligatorio que permite a las autoridades mantener control sobre los animales potencialmente peligrosos.
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La ley establece que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas significativas, con multas de hasta 16 salarios mínimos diarios legales vigentes (Smdlv), equivalentes a más de $933.800 para 2026. Además, la reincidencia o la ausencia de documentos en caso de un ataque pueden conllevar el decomiso del animal y su traslado a un centro de bienestar oficial.
El proceso de registro es sencillo y gratuito, y generalmente se realiza a través de la alcaldía local o distrital, por medio de plataformas web.
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El solicitante debe presentar una serie de documentos: copia de la cédula, carta con los datos del animal, fotografía reciente del perro, carné de vacunación actualizado, certificado de sanidad y póliza de responsabilidad civil extracontractual.
Este trámite tiene un tiempo de procesamiento aproximado de 15 días hábiles, y la notificación de aprobación se remite al correo electrónico del solicitante.
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La póliza de responsabilidad civil extracontractual es otro requisito ineludible. Su función es cubrir daños que el perro pueda ocasionar a terceros, ya sea a personas, otros animales o propiedades.
Desde 2026, portar tanto esta póliza como el carné de registro será obligatorio, y su ausencia activará la sanción de manera inmediata. Este seguro garantiza que, en caso de incidentes, los afectados reciban compensación y se minimicen conflictos legales.
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El cumplimiento de estas disposiciones también contempla medidas preventivas en espacios públicos. Las autoridades anunciaron que los controles en parques, zonas comunes y áreas de recreación serán más frecuentes, con el objetivo de garantizar la convivencia segura entre animales y personas.
La Ley 2480 de 2025, conocida como Ley Kiara, amplía estas exigencias al sector de servicios para mascotas, obligando a prestadores de servicios a contar con documentación completa de los animales que atienden.
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Asimismo, en la propiedad horizontal, los conjuntos residenciales podrán reportar a los infractores ante las autoridades, en línea con los reglamentos internos revisados.
El impacto económico de las multas también está condicionado por la actualización salarial anual. Para 2026, los montos oscilarán entre $700.000 y $933.800, y podrán ajustarse según los incrementos oficiales.
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Esta medida busca que la obligación de registrar y asegurar a los perros de manejo especial no sea vista únicamente como un requisito burocrático, sino como una responsabilidad seria y vinculante con la seguridad colectiva.
Los especialistas en bienestar animal y seguridad ciudadana recomiendan a los propietarios mantener siempre actualizado el carné de vacunación, especialmente la vacuna contra la rabia, expedida por la Secretaría de Salud. También aconsejan adquirir la póliza de responsabilidad civil y utilizar los implementos reglamentarios como bozal y traílla, que son obligatorios para las razas sujetas a regulación.
Al garantizar que los perros de manejo especial estén debidamente registrados y asegurados, las autoridades pretenden prevenir incidentes, proteger a la ciudadanía y fomentar una convivencia responsable que reconozca a los animales como parte integral de la sociedad.
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