Firma internacional suspendió sus encuestas en Colombia: asegura que la nueva norma hace inviables las mediciones

La firma española GAD3 anunció este 5 de mayo de 2026 la suspensión de la publicación de encuestas electorales en Colombia, en una decisión que atribuye directamente a la interpretación que la Comisión Técnica ha hecho de la nueva normativa vigente. Según la consultora, esta lectura de la ley hace inviable garantizar el rigor metodológico y la viabilidad operativa de los estudios de opinión en el país.

La empresa comunicó oficialmente su decisión de suspender actividades para evitar comprometer su reputación internacional, la del Consejo Nacional Electoral y la de su principal cliente en el país, RCN. La firma advirtió que, bajo las condiciones regulatorias actuales, no existen garantías mínimas de calidad científica para operar.

El núcleo de la controversia radica en la interpretación de la Ley 2948 de 2025. De acuerdo con la Comisión Técnica, para que una encuesta sea válida debe demostrar que cualquier ciudadano tuvo una “probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado”.

Para GAD3, esta exigencia resulta impracticable en la realidad contemporánea de las investigaciones sociales y se aparta de los estándares internacionales utilizados en más de 30 países.

En su pronunciamiento, la consultora advierte que este criterio no solo afectaría a metodologías modernas —como encuestas telefónicas, paneles en línea o estudios mixtos—, sino que incluso pondría en entredicho las encuestas presenciales tradicionales.

“Con el criterio adoptado por la Comisión, no solo quedarían invalidadas las encuestas telefónicas, sino también las presenciales, los paneles online y las metodologías mixtas”, señaló la firma, citada por Semana.

El impacto de esta interpretación, según la empresa, trasciende el caso colombiano. Instituciones de referencia global como el Eurobarómetro, el American National Election Studies y el European Social Survey tampoco cumplirían con los requisitos planteados por la autoridad técnica en Colombia. Para GAD3, esto evidencia una desconexión entre la regulación local y las prácticas consolidadas en la investigación social contemporánea.

Más allá del debate metodológico, la firma advierte sobre las implicaciones democráticas de su retiro. Según su análisis, la ausencia de encuestas confiables limita el acceso de los ciudadanos, medios y tomadores de decisiones a información plural sobre la intención de voto, debilitando así la calidad del debate público.

La empresa sostiene que los sondeos no solo informan, sino que también permiten contrastar predicciones con resultados reales, lo que constituye una prueba clave de su validez científica.

En ese sentido, la consultora cuestionó que la Comisión Técnica esté evaluando sus estudios sin contrastarlos con los resultados electorales previos, como los del pasado 8 de marzo del 2026. A su juicio, este elemento es fundamental para medir la precisión y confiabilidad de cualquier encuesta.

En un bloque central de su anuncio, GAD3 resumió su decisión: suspende la publicación de encuestas electorales en Colombia debido a que la interpretación vigente de la ley exige condiciones metodológicas que hacen imposible recolectar y analizar datos representativos. Esta situación, advierte, no solo afecta la actividad de las consultoras, sino también el ecosistema informativo en el que se sustenta la deliberación democrática.

La compañía enfatizó que su retiro es específico para Colombia y no implica un repliegue global. Por el contrario, continuará operando en más de 30 países bajo los estándares internacionales actuales, que combinan distintas metodologías para garantizar representatividad en contextos sociales y tecnológicos diversos.

Fundada hace 25 años, GAD3 es dirigida por Narciso Michavila, doctor en Sociología y experto en estadística. En Colombia, el equipo local incluye a Javier Restrepo y Beatriz Iacobacci, quienes han liderado estudios de opinión en el país.

La firma concluyó su pronunciamiento reiterando su compromiso con la democracia colombiana, al tiempo que hizo un llamado implícito a revisar las condiciones regulatorias que, en su criterio, están afectando la producción de información clave para el funcionamiento del sistema democrático.