Fiscalía busca declarar como Grupo Delictivo Organizado a exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero, como Juan David Palacio

La Fiscalía General de la Nación solicitó el lunes 26 de enero de 2026 al Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín reconocer como Grupo Delictivo Organizado (GDO) a los funcionarios investigados por irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) durante la administración de Daniel Quintero Calle (2020-2023).

Entre los implicados se encuentra Juan David Palacio, exdirector de la Amva y actualmente vinculado a la estructura investigada. El ente acusador precisó que los funcionarios aprovecharon su posición para favorecer a terceros en la adjudicación de seis contratos por un valor superior a $17.000 millones.

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Según la Fiscalía, parte de estos recursos habría sido destinada a la campaña electoral de Misael Cadavid, que ocupaba la dirección del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Itagüí y actualmente permanece privado de la libertad.

Cómo operaron los exfuncionarios en esta presunta red de corrupción

“Concurren los presupuestos exigidos por la normatividad; en primer lugar, se acredita la existencia de un grupo estructurado por más de tres personas, toda vez que actualmente se encuentran vinculados tres ciudadanos, más estos cuatro que pretendemos vincular el día de hoy”, declaró el fiscal encargado del caso durante la audiencia de imputación de cargos.

La Fiscalía explicó que los funcionarios señalados incluyen a Elkin González, entonces subdirector de los Bomberos de Itagüí, y a María Yaneth Rúa, profesional universitaria del Amva, que habrían participado de manera coordinada en la ejecución de los contratos.

“En segundo lugar, se ha verificado que dicho grupo ha mantenido continuidad en el tiempo, es decir, desde el inicio de los contratos que corresponde a junio del año 2020 hasta julio del año 2023”, añadió el fiscal.

De acuerdo con la investigación, los contratos involucraban desde la capacitación de bomberos en los 10 municipios del Área Metropolitana hasta la entrega de kits de atención frente al covid-19. La Fiscalía denunció que los montos fueron incrementados de manera artificial y que parte del dinero, según las pruebas recaudadas, habría terminado en beneficio de campañas políticas particulares.

“Se ha establecido que su actuar se ha dirigido de manera concreta y reiterada en la comisión de diversos delitos contra la administración pública”, señaló el fiscal.

Entre los contratos, el más alto asciende a $5.069 millones y estaba destinado a la reducción de riesgos en comunidades afectadas del Amva, con vigencia de 13 meses y 15 días a partir del 6 de noviembre de 2021; los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin cumplir los requisitos legales y violando los principios de planeación, transparencia, economía y selección objetiva, según la Fiscalía.

Ahora, que el ente acusador quiera vincular a los exfuncionarios investigados significa que los indaga como un grupo que trabajó en conjunto y de forma sostenida para cometer delitos, en lugar de actuar de manera independiente, al buscar obtener beneficios personales o favorecer a terceros mediante irregularidades en el manejo de recursos públicos.

De esta manera, el fiscal acusó a los tres exfuncionarios del delito de peculado por apropiación, señalando que se habrían apropiado de $2.481 millones pertenecientes al Área Metropolitana, dinero que terminó en el Cuerpo de Bomberos de Itagüí a través de sobrecostos y la entrega de bienes contratados que nunca se ejecutaron.

Respecto a Juan David Palacio, el fiscal indicó que “facilitó la apropiación de recursos públicos por terceros” y agregó que, al finalizar su gestión, dio la instrucción de formatear los equipos de cómputo de la dirección con el fin de eliminar la “trazabilidad del actuar ilegal”.

Daniel Quintero Calle, actual candidato presidencial, insistió repetidamente en que los señalamientos y las imputaciones en su contra constituyen una persecución política, defendiendo su administración y negando los cargos relacionados con los contratos investigados, aunque cada vez se acumulen más procesos en su contra o contra sus exfuncionarios.