La próxima legislatura arrancará con un ajuste sensible en la remuneración de los congresistas. A partir del 20 de julio de 2026, los senadores y representantes que se posesionen en el nuevo Congreso dejarán de recibir la prima de servicios, un beneficio que hacía parte de su salario y que representaba cerca de 17 millones de pesos anuales.
La decisión quedó formalizada en el Decreto 0303 de 2026 y marcó un punto de quiebre frente al esquema salarial que rigió durante años en el Legislativo. El cambio, sin embargo, no tendrá efectos retroactivos, solo aplicará para quienes integren el Congreso que se instalará a partir de la próxima legislatura, lo que significa que los actuales congresistas conservarán ese beneficio hasta el final de su periodo.
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El alcance de la medida es claro en su temporalidad y en su destinatario. No se trata de un recorte inmediato ni de una modificación que afecte derechos ya causados, sino de una redefinición de las condiciones económicas bajo las cuales ejercerán quienes lleguen al Capitolio a partir de julio de 2026. En la práctica, el nuevo Congreso asumirá el ajuste desde el primer día de su mandato.
La prima de servicios era uno de los componentes adicionales de la remuneración de senadores y representantes, equiparable a la que reciben otros servidores públicos, pero cuyo monto, en el caso del Congreso, siempre generó debate por el nivel salarial de los legisladores frente al promedio de los trabajadores del país. Su eliminación volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los ingresos de la clase política y el mensaje que envía el Estado en un contexto de estrechez fiscal.
El decreto se expide en un momento en el que el Gobierno insistió en la necesidad de ajustar el gasto público y revisar beneficios considerados onerosos o difíciles de justificar socialmente. Aunque el impacto fiscal de eliminar la prima de servicios en el Congreso no es determinante por sí solo, la medida tiene un fuerte componente simbólico y político, al tocar directamente los ingresos de uno de los poderes del Estado.
Así quedó el salario de los congresistas
En medio de un escenario marcado por llamados a la austeridad y a una mayor coherencia entre el gasto estatal y la realidad económica del país, el Gobierno nacional oficializó la eliminación de una prima que incrementaba de forma significativa la remuneración mensual de senadores y representantes.
La medida quedó consignada en un decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, fechado el 19 de enero, y apunta directamente a la prima especial de servicios que durante años hizo parte del paquete salarial del Congreso. Este beneficio representaba ingresos mensuales por $16.914.540 y tenía su origen en una norma adoptada en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se creó para reemplazar otros reconocimientos asociados a salud, localización y vivienda.
En el documento, el Ejecutivo plantea una crítica directa al nivel de ingresos de los legisladores. Allí se sostiene que la remuneración actual “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”, un argumento que sirve de base para justificar el recorte. La decisión hace parte de una política de ajuste del gasto público que busca enviar señales de disciplina fiscal sin afectar derechos fundamentales.
Con la eliminación de la prima, el esquema salarial de los congresistas quedará reducido a dos componentes. Por un lado, el sueldo básico, fijado en $12.455.244, y por otro, los gastos de representación, que ascienden a $22.142.662. En la práctica, esto implica una disminución sustancial frente a los cerca de $52 millones mensuales que hoy recibe un senador o representante. Sin la prima, ese ingreso bajaría a aproximadamente $35,7 millones al mes.
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