
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, pidió respeto institucional hacia el presidente Gustavo Petro, pese a no haberlo recibido de parte del mandatario.
Así lo expresó en entrevista con El Tiempo, en la que abordó la inminente decisión del tribunal sobre la emergencia económica y otros temas judiciales de relevancia nacional.
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Ibáñez explicó que la Corte Constitucional decidirá esta semana si adopta una medida cautelar para suspender la emergencia económica decretada por el Gobierno. También afirmó que la decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la emergencia se tomará a más tardar en febrero.
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El magistrado dijo que el estudio de los decretos expedidos en la emergencia económica fue asignado por sorteo en sala plena. Carlos Camargo asumió el análisis del decreto que declaró la emergencia, mientras que Juan Carlos Cortés quedó encargado del decreto sobre impuestos.
“El sorteo se hizo en sala plena, con la participación de casi la totalidad de los magistrados”, señaló.
Ibáñez recordó que la Corte aprobó la posibilidad de suspender temporalmente un decreto o ley en estudio si se presentan circunstancias graves de violación a la Constitución.
“Un auto del año 2023, por primera vez, permitió que la Corte Constitucional, frente a circunstancias muy graves derivadas de una ostensible violación de la Constitución por parte de una norma con fuerza de ley que obstaculice o impida el ejercicio del control constitucional y cuyas medidas produzcan efectos irremediables, la pueda suspender”, explicó.
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Sobre la eventual aplicación de esa figura, el magistrado indicó que la Corte revisará la jurisprudencia y considerará ampliarla, de acuerdo con las solicitudes de ciudadanos y grupos de interés. “Ese es un tema que tiene que resolver la Corte de manera inmediata”, dijo.
Añadió que la sala plena podría estudiar las solicitudes de suspensión provisional en su próxima sesión, lo que podría dar lugar a una decisión entre hoy y el viernes.
Ibáñez aclaró que la decisión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto de emergencia se adoptará antes de finalizar febrero. Si la Corte determina que la medida es inconstitucional, los efectos pueden ser retroactivos o solo hacia el futuro.
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“Si los efectos son hacia el pasado, pues entonces se tendrá que ordenar que los impuestos que se hayan recaudado se devuelvan a cada uno de los contribuyentes. Pero los efectos pueden ser solo hacia el presente”, dijo.
El magistrado precisó que algunos impuestos directos aún no se han empezado a recaudar, mientras que los indirectos ya se están cobrando.
“A menos que se suspendan los efectos de los decretos legislativos de la declaratoria y del que dictó las medidas, no se puede suspender su recaudo”, puntualizó al mencionado medio.
Paralelamente, la Corte Constitucional estudia la reforma pensional. Ibáñez comentó que la ley de pensiones presentó un vicio de trámite subsanable que no se corrigió. Tras un empate en la votación sobre su exequibilidad, se designó un conjuez cuya recusación será resuelta este mes. “Tenemos que garantizar que en las próximas semanas se adopte una decisión lo más pronto posible”, afirmó.
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El magistrado Ibáñez también respondió a críticas sobre la demora en la decisión de pensiones, señalando que hubo una omisión en el trámite de un impedimento, lo que llevó a declarar la nulidad de la actuación y retrasó el proceso.
“El tiempo perdido lo volvimos a recuperar, porque una vez que se rehízo la actuación, volvimos a llevar un proyecto de decisión en el mes de junio, antes de que la ley entrara en vigencia”, relató.
Consultado sobre las declaraciones del presidente Petro hacia él y la Corte, Ibáñez manifestó: “Yo recibo esas observaciones del Presidente con absoluto respeto”.

Aseguró que sus decisiones han sido tomadas con imparcialidad y objetividad, y que no ha actuado motivado por venganza.
“Nadie puede decir que me he opuesto absolutamente a todo y que he obrado con algún criterio revanchista que afecte mi imparcialidad”, sostuvo.
Ante los ataques recibidos, insistió: “Firme y al mismo tiempo respetuoso sobre cualquier cosa que el señor Presidente ha dicho de mí. Siempre lo he considerado como parte de su libertad de opinión o de expresión y, adicionalmente, estoy obligado a reconocer al Presidente como jefe del Estado, porque así lo ordena la Constitución, y yo soy guardián de ella. Que se respete al presidente de la República, así él no respete a muchos ciudadanos, entre ellos a mí, como presidente de la Corte Constitucional”.
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