Desde la ‘vaca’ de las vías 4G hasta la emergencia económica: estas han sido las peleas entre Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón

El primero de enero de 2024, Andrés Julián Rendón se posesionó como nuevo gobernador de Antioquia, tras ser elegido en las elecciones regionales de octubre de 2023, donde obtuvo cerca de un millón de votos.

Desde esa fecha hasta la actualidad, el mandatario departamental ha generado diferentes choques con varias directrices emitidas por el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.

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El episodio más reciente ocurrió en enero de 2026, cuando el dirigente antioqueño lideró una campaña de rebelión junto a otros 17 gobernadores del país, en la que se declararon en desobediencia civil y jurídica frente a los decretos establecidos por el Ejecutivo tras la declaratoria de emergencia económica en diciembre de 2025, posterior al hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rendón advirtió que su decisión estaba cobijada bajo la figura de la excepción de inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 4 de la Constitución Política, al mostrar su desacuerdo con las medidas tributarias impulsadas por el Gobierno Petro, entre ellas, el impuesto a licores y cigarrillos, algo que, para Rendón, implicaría pérdidas millonarias para la región.

“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”, mencionó el gobernador.

Desde el Ejecutivo se pronunciaron fuertemente frente a la postura de los gobernadores, y no descartaron tomar medidas legales contra los funcionarios departamentales que declararon su desobediencia a los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro.

“¡Un exabrupto jurídico ese anuncio! De cómo materialicen en cada gobernación con los actos administrativos concretos la decisión que anuncian, se desprenderán las acciones jurídicas del gobierno", expresó el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga.

Mientras el Gobierno Nacional defiende la emergencia como “indispensable” para la estabilidad económica, los gobernadores han convocado a audiencias ante la Corte Constitucional para demostrar el “daño irreparable” a las regiones.

‘Vaca’ por las vías 4G

El primer conflicto entre el Gobierno Petro y la Gobernación de Rendón fue por las obras viales estratégicas de Antioquia, cuando el gobernador Andrés Julián Rendón, en marzo de 2024, impulsó la colecta ciudadana conocida como la “Vaca por las vías 4G”.

El propósito era generar un billón de pesos para financiar proyectos esenciales de conectividad, como el Túnel del Toyo, ante la reticencia del Gobierno Nacional a proporcionar los fondos requeridos.

Este esfuerzo concluyó el 31 de diciembre de 2024 con una recaudación de $6.000 millones de pesos —lo que representa solamente el 0,6% del objetivo inicial—, según la información oficial difundida por la Gobernación.

No obstante, parte de los aportes fue devuelta por el gobernador, al mencionar que fueron dados por varios congresistas, y la legislación colombiana advierte sobre el riesgo de “pérdida de investidura” para miembros del Congreso que participen en actividades financieras de esta naturaleza.

La polémica entre los gobiernos regional y nacional profundizó la atención mediática sobre la colecta. El presidente Gustavo Petro solicitó la suspensión de la campaña al advertir sobre “el riesgo de infiltración de dinero del narcotráfico”, luego de supuestos rumores acerca de una supuesta donación de diez millones de pesos por parte de grupos armados como el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Al respecto, Andrés Julián Rendón argumentó que la plataforma tecnológica utilizada implementó filtros bancarios y controles virtuales, lo que permitió rastrear el origen de los fondos y asegurar su transparencia. El mandatario insistió públicamente en que “las vías 4G no son para los ricos, sino para mejorar la conectividad en todo el país”, en especial hacia el puerto de Urabá.

Seguridad y orden Público

El punto que ha generado bastantes discrepancias entre ambos políticos ha sido la seguridad y el orden público en el departamento de Antioquia.

Mientras el presidente promueve la “paz total” mediante diálogos y cese al fuego con las organizaciones al margen de la ley, el gobernador defiende una política de “mano firme” centrada en el control territorial y la persecución del microtráfico.

Dicha política nacional es uno de los temas más polémicos entre ambos dirigentes. Sin embargo, el punto más crítico fue en julio de 2024, cuando fue interceptada una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la vía entre Medellín y Anorí, donde fueron detenidos varios líderes del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Entre esos líderes se encontraba Alexander Díaz, alias Calarcá, máximo jefe de las disidencias, al igual que otros sujetos que contaban con órdenes de captura vigentes, como alias Firu (cabecilla del Frente 36) y alias Erika Castro, que portaban armas de fuego y grandes sumas de dinero en efectivo.

Esto generó un fuerte choque institucional. Por un lado, Rendón calificó el hecho como una “afrenta a los antioqueños” y denunció que las camionetas de la UNP se habían convertido en “refugios móviles” para que los criminales evadieran a la justicia y transportaran armamento por el departamento.

Entre tanto, el Gobierno argumentó que el traslado de los negociadores era necesario para el proceso de paz con las disidencias. Incluso, Petro defendió los protocolos, pero este escándalo forzó una revisión de cómo se otorgaban los esquemas de protección a los disidentes.

Este episodio es recordado por la Gobernación de Antioquia como la prueba reina de que la “Paz Total” debilitó la autoridad del Estado.

Universidad de Antioquia

Por último, la disputa entre Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón ha convertido a la Universidad de Antioquia (UdeA) en el principal escenario del conflicto político y financiero por el modelo de educación superior en Colombia.

El centro del enfrentamiento radica en la entidad que debe asumir el déficit operativo del centro universitario, que en 2026 alcanzó niveles considerados críticos.

Rendón, al frente de la Gobernación de Antioquia, sostiene que la Nación debe cumplir estrictamente la Ley 30, es decir, absorber la mayor parte de los costos estructurales, ya que el presupuesto departamental destina recursos significativos a la universidad.

El presidente Petro, en cambio, ha calificado de “tacañería regional” esta postura y reprocha que el gobierno departamental prefiere financiar infraestructura como las vías 4G, antes que invertir “en el cerebro de los antioqueños”.

La crisis se agudizó durante las primeras semanas de enero de 2026, cuando el Ministerio de Educación Nacional, actuando bajo instrucciones directas de la Casa de Nariño, reemplazó al rector de la universidad. El Gobierno Nacional justificó la decisión señalando la necesidad de contar con una dirección alineada con el principio de “Educación Superior como derecho”.

Por su parte, el gobernador Rendón denunció que se trató de una “toma hostil” y de un ataque directo a la autonomía universitaria, al tiempo que acusó al Ejecutivo de utilizar su peso en el Consejo Superior para “ideologizar” la casa de estudios en vez de atender su déficit financiero.