La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió sobre un nuevo episodio de acoso judicial contra la periodista colombiana Lorena Beltrán, que actualmente se encuentra fuera del país tras haber salido por razones de seguridad.
Según la organización, el hostigamiento legal en su contra se ha intensificado y ya trascendió las fronteras, en lo que consideran una estrategia sistemática para silenciar su labor periodística.
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De acuerdo con el comunicado de la Flip, Beltrán enfrenta desde septiembre del año pasado una serie de acciones judiciales impulsadas por médicos que, según sus investigaciones, estarían ejerciendo como cirujanos plásticos sin cumplir los requisitos legales en Colombia.
En ese momento, la fundación había denunciado que la periodista recibió al menos cuatro acciones de tutela, lo que derivó en un escenario de presión constante que la obligó a salir del país y a temer por su integridad personal.
Notificación judicial y acusaciones sin sustento
El más reciente hecho ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando Beltrán recibió en su lugar de residencia en el exterior una notificación judicial relacionada con un nuevo proceso iniciado en su contra.
Al indagar sobre el origen del expediente, le informaron que el demandante es uno de los médicos que previamente había interpuesto una de las tutelas en Colombia, lo que, para la Flip, demuestra la continuidad del patrón de persecución judicial.
Días después, el 3 de enero de este año, la periodista se presentó en la dirección indicada en la notificación. Allí le informaron que deberá comparecer el próximo 27 de enero ante una corte del país en el que se encuentra actualmente.
Además, le entregaron un expediente de 55 páginas que contiene acusaciones de extrema gravedad, entre ellas presuntos actos de hostigamiento, acoso, discriminación por orientación sexual e incluso un supuesto intento de homicidio contra el médico denunciante.
La Flip aseguró que estas afirmaciones carecen de sustento probatorio y buscan desacreditar la labor periodística de Beltrán. “Se trata de señalamientos desproporcionados y sin fundamento que tienen un claro objetivo intimidatorio”, advirtió la organización, al señalar que este tipo de procesos pretende desviar la atención del contenido de las investigaciones.
Preocupación por la filtración de datos y el riesgo a su seguridad
Uno de los aspectos que más preocupa a la fundación es que el demandante haya logrado hacer llegar el procedimiento judicial hasta la dirección exacta donde reside Beltrán, pese a que su lugar de exilio no era un dato público.
Para la Flip, este hecho refuerza el carácter intimidatorio del proceso y representa un riesgo adicional para la seguridad de la periodista.
Según la organización, la exposición y el uso de datos personales y sensibles constituyen una forma de persecución que puede derivar en agresiones más graves. Además, este tipo de acciones genera un efecto inhibitorio, no solo para la periodista afectada, sino para otros comunicadores que investigan asuntos de interés público.
Violencia de género y llamado a las autoridades
La Flip también subrayó que este caso se inscribe en una forma diferenciada de violencia contra una mujer periodista. De acuerdo con la fundación, el acoso judicial se utiliza como represalia por sus investigaciones y se apoya en mensajes y prácticas que reproducen estereotipos de género, afectando de manera desproporcionada a las mujeres que ejercen el periodismo.
En ese contexto, la organización reiteró su llamado a jueces y tribunales, especialmente a la Corte Constitucional, para que reconozcan la gravedad, sistematicidad y el patrón de acoso judicial ejercido por los médicos denunciados.
Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante una investigación oportuna, exhaustiva y diligente, incorporando un enfoque de género y teniendo en cuenta la protección reforzada que le corresponde a Beltrán por su condición de mujer periodista.
Finalmente, la Flip advirtió que el acoso judicial, mediante el uso abusivo de herramientas legales para silenciar, no solo afecta a Lorena Beltrán, también restringe el ejercicio de veeduría y denuncia del periodismo, limitando el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre asuntos de evidente interés público.
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