Más de 553.000 firmas reunidas durante cinco meses en Bogotá quedaron sin ser presentadas para activar el proceso de una posible revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Todo parece indicar que el proceso se frustró el viernes 24 de abril, cuando el comité ciudadano encargado de promover la iniciativa no acudió a la cita con la Registraduría Nacional sin ninguna explicación aparente.
Sin embargo, desde el Concejo de Bogotá denunciaron que la ausencia estuvo relacionada con presuntas amenazas en contra del equipo promotor, lo que habría obligado a los ciudadanos a desistir de la radicación de firmas.
Así lo señaló el concejal Jairo Avellaneda, quien calificó la situación como un hecho que requiere investigación de las autoridades competentes.
“Hicimos seguimiento permanente hasta el último minuto. Intentamos ubicar al comité por todos los canales posibles sin obtener respuesta. Posteriormente conocimos que, por presiones e intimidaciones que generaron temor en sus integrantes, no se presentaron para la radicación. Son hechos que deberán ser materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, señaló el cabildante.
En los últimos meses, la recolección de firmas para la revocatoria estuvo marcada por denuncias de sabotaje, obstáculos administrativos y amenazas. Según los organizadores, se presentaron negativas de entidades financieras para abrir la cuenta bancaria exigida, mensajes intimidatorios en redes sociales y vigilancia con drones sobre la residencia del concejal Avellaneda. Estos incidentes se repitieron incluso el día previsto para la entrega, en presencia de periodistas y a las afueras de la Registraduría Nacional.
Según Avellaneda, el proceso se realizó sin respaldo de partidos ni dirigentes políticos. El impulso vino de ciudadanos afectados por la inseguridad, comerciantes, transportadores, motociclistas, familias vinculadas al sector educativo y trabajadores distritales que han denunciado demoras en sus pagos. Este respaldo fue, según sus palabras, el motor real de la iniciativa.
“Esto no fue un error logístico. Fue un proceso que estuvo obstaculizado y saboteado desde el inicio”, señaló el cabildante.
Las críticas surgidas en redes sociales tras el fracaso de la radicación señalaron falta de organización. Frente a ellas, Avellaneda defendió la seriedad del trabajo: “Fue un trabajo juicioso por toda la capital colombiana, recorriendo localidades como Kennedy, Bosa, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Mártires, Usme, Engativá y Teusaquillo recogiendo firmas de ciudadanos que querían expresarse. Eso no fue improvisado y aquí lo demostramos con las cajas llenas de firmas, 553 mil para ser exactos”, enfatizó el concejal.
Acciones tras el bloqueo del proceso de revocatoria
El equipo promotor anunció que entregará a las autoridades judiciales las pruebas que dicen tener sobre los hechos de sabotaje y los obstáculos administrativos. Su objetivo es que se esclarezcan las responsabilidades y se sancione a quienes hayan interferido en el proceso.
“Aquí no hubo partidos, ni dirigentes políticos respaldando. Nadie quiso hacer parte. Esto se sostuvo con ciudadanos de a pie y con el apoyo de sectores golpeados por la situación de la ciudad: transportadores, motociclistas, familias del sector educativo, personas afectadas por la inseguridad y trabajadores distritales que incluso han denunciado retrasos en pagos desde inicio de año. Ese fue el verdadero respaldo”, señaló el concejal.
Mientras tanto, los impulsores de la revocatoria planean activar nuevas vías de participación y control institucional. Entre las opciones están la solicitud de un cabildo abierto en el Concejo de Bogotá, la conformación de veedurías ciudadanas y acciones judiciales en defensa de derechos colectivos.
También buscarán promover más debates de control político respecto a la gestión distrital de Galán, en temas de seguridad, movilidad, servicios de recolección de basuras y educación.
La jornada deja en evidencia la tensión entre el descontento de diversos sectores ciudadanos y los obstáculos que enfrentan las iniciativas de revocatoria en la ciudad. Ahora, la atención se centra en las investigaciones solicitadas y en las futuras estrategias que el movimiento pueda desarrollar para exigir respuestas a la administración de Bogotá.
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