
El exministro de Hacienda y actual rector Universidad EIA José Manuel Restrepo encendió nuevamente el debate sobre la seguridad en Colombia al advertir que el país atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de orden público en los últimos años.
A través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, el exfuncionario afirmó que entre 2022 y 2025 se registró un deterioro “aterrador” en los principales indicadores de seguridad, una situación que, según dijo, debe convertirse en una prioridad absoluta para el próximo gobierno que asuma en 2026.
Restrepo sostuvo que sus afirmaciones no se basan en percepciones ni en posiciones políticas, sino en cifras oficiales del Estado. “Los datos oficiales son contundentes”, escribió, al tiempo que subrayó que el impacto de la inseguridad va mucho más allá del ámbito militar o policial y termina afectando directamente la economía, el empleo y las oportunidades de desarrollo del país.
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Cifras que muestran un fuerte deterioro

En su publicación, el exministro enumeró varios indicadores que, a su juicio, reflejan con claridad la magnitud del problema. De acuerdo con sus cálculos, el secuestro habría aumentado un 192% en el periodo analizado, mientras que los actos de terrorismo crecieron un 87%.
A esto se suma un incremento del 33% en los asesinatos de miembros de la fuerza pública en actos de servicio y un aumento del 24% en la extorsión ejercida por grupos ilegales contra ciudadanos y empresas. En el caso de los homicidios, Restrepo señaló un crecimiento del 1,4%.
Estas cifras se apoyan en el informe de seguimiento a los indicadores de seguridad y resultados operacionales elaborado por el Ministerio de Defensa, con corte a diciembre de 2025.
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El documento da cuenta, por ejemplo, de un aumento significativo del secuestro total frente al año anterior, así como de una tendencia al alza en los delitos asociados al terrorismo y a la violencia contra la fuerza pública. Aunque algunos delitos muestran descensos puntuales, el balance general evidencia, según Restrepo, un deterioro estructural de la seguridad.

La coca y la erradicación, un punto crítico
Restrepo también centró parte de su análisis en la política contra las drogas ilícitas, a la que calificó como el “cáncer de buena parte” de los problemas de seguridad. Según explicó, la producción de coca sigue siendo el combustible de muchas de las economías ilegales que sostienen el secuestro, la extorsión y el terrorismo.
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En ese contexto, cuestionó la caída de la erradicación de cultivos ilícitos, que cifró en un 88%. “Así, imposible”, escribió, al considerar que sin una estrategia efectiva para reducir la producción de coca resulta inviable debilitar financieramente a los grupos ilegales.
El informe oficial del Ministerio de Defensa muestra una disminución en las hectáreas erradicadas manualmente y variaciones en otros indicadores de la lucha contra el narcotráfico, lo que ha generado preocupación en distintos sectores.
Seguridad y economía: un vínculo inseparable

Más allá de las cifras, Restrepo insistió en que el deterioro de la seguridad tiene efectos directos sobre la economía. “Sin seguridad nunca habrá buen crecimiento, empleo ni desarrollo”, afirmó, al señalar que la extorsión y la violencia afectan especialmente a comerciantes, empresarios y emprendedores, en particular en las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados.
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El exministro aseguró que un gobierno entrante en 2026 deberá revisar, complementar o ajustar la estrategia de seguridad, con una visión integral que combine control territorial, fortalecimiento de la fuerza pública y lucha efectiva contra las economías ilegales. Aunque no presentó un plan detallado, cerró su mensaje con una frase que resume su postura: “El primer deber del Estado es proteger a sus ciudadanos”.
Sus declaraciones se suman a un debate cada vez más intenso sobre la situación de orden público en Colombia y anticipan que la seguridad será uno de los ejes centrales de la discusión política y electoral en los próximos años.
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Por ejemplo, este 17 de enero de 2026 se presentaron fuertes enfrentamientos entre las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá en El Retorno, Guaviare, que dejaron al menos 30 muertos. El Ejército verifica la situación tras esta violenta disputa territorial.
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