Este video documenta la detención de un mercenario colombiano en Ucrania luego de combates por miembros del ejército ruso - crédito @Jhonffonseca/X
La captura en Ucrania de William Andrés Gallego Orozco, exmilitar colombiano de 24 años, revela el alcance transnacional y clandestino de las redes que reclutan mercenarios en Colombia para conflictos extranjeros.
El caso, expuesto por el sargento (r) Alexander Chala Sáenz, se conoció tras la difusión de un video, que ya se ha hecho viral, en el que Gallego, aterrorizado y con la voz quebrada, confirma su identidad a tropas rusas en el frente de Kupiansk el 26 de abril de 2024.
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La infiltración de excombatientes colombianos en guerras ajenas, contratados sobre todo por empresas de seguridad ilegales bajo la dirección de oficiales retirados, involucra a miles de personas, según la denuncia de Chala Sánchez. Gallego sobrevivió a una unidad de 17 hombres, compuesta principalmente por extranjeros, lo que subraya el carácter internacional y letal de este fenómeno.
En palabras del propio exmilitar, el destino de quienes participan en estas redes es sombrío: “Terminar peleando una guerra ajena, más por ambición que por necesidad, muchas veces dejando la vida y quedando tirado en un campo de batalla en un país desconocido, sin la mínima posibilidad de que su familia pueda reclamar el cuerpo. Con el tiempo, esa situación se transforma en un auténtico problema de Estado”, dijo en la publicación realizada en su cuenta de X.
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El video de la captura muestra a las fuerzas rusas recibiendo a Gallego con una frase contundente: “¿De dónde eres? Colombia, bienvenido a Rusia. Vamos, blyad”.
La promulgación de la Ley 2569 en marzo de 2026 por parte del presidente Gustavo Petro endurece la respuesta estatal. Esta norma prohíbe y penaliza el reclutamiento, entrenamiento, financiamiento y empleo de mercenarios, catalogando tales acciones como delitos graves y alineando la legislación nacional con la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la materia.
En un párrafo clave dirigido a la opinión pública, el sargento (R) Chala Sáenz dejó clara la línea oficial: la ley busca “desmantelar las redes dedicadas a captar exmilitares y personal de seguridad para conflictos en el extranjero (ej. Ucrania, Sudán, Haití)”.
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Añadió que el enfoque jurídico penalizará a organizadores y financiadores, no a quienes han sido engañados, y que: “Definición de mercenario: Se ajusta a los estándares internacionales; es decir, alguien que no es nacional de ninguna de las partes en conflicto, actúa motivado por una retribución material y participa directamente en las hostilidades”.
El fenómeno del mercenarismo colombiano ya es un problema de Estado
El crecimiento de este negocio ha provocado situaciones extremas, como hechos reportados en Sudán, donde mercenarios extranjeros han ejecutado ataques y masacres en comunidades civiles, muchas veces bajo el amparo de empresas que se hacen llamar “operadores de seguridad”.
Alexander Chala Sáenz enfatizó el deterioro ético y social que implica este fenómeno al afirmar: “Combatir en una guerra ajena por ambición no representa heroísmo, sino una condena. A través de la Ley 2569, el país busca clausurar una industria que ha convertido la vida de militares colombianos y el dolor de civiles extranjeros en un negocio rentable. Ningún uniforme debería estar a la venta, ni ninguna vida debería subastarse en un mercado donde los únicos que terminan ganando son quienes nunca pisan el campo de batalla”.
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La tensión entre la oferta ilegal de empleo para exmilitares y la respuesta estatal evidencia una nueva etapa: el mercenarismo colombiano, que antes transitaba en la sombra, aparece hoy como asunto central de política pública y desafío internacional para las autoridades.
La captura de William Andrés Gallego Orozco en Ucrania expone cómo el mercenarismo colombiano ha dejado de ser un fenómeno marginal y ahora exige respuestas institucionales a nivel nacional e internacional. La promulgación de la Ley 2569 marca un punto de inflexión en el intento del Estado por frenar la exportación de violencia y proteger a sus ciudadanos de redes que los instrumentalizan en conflictos ajenos.
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