El presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente frente a la advertencia emitida por la Contraloría General de la República sobre la implementación del nuevo modelo para la expedición de pasaportes y otros documentos de viaje en Colombia, luego de que el organismo de control señalara una serie de riesgos financieros, contractuales y operativos derivados del convenio firmado con el Gobierno de Portugal.
El pronunciamiento del presidente se produjo en medio del debate institucional que rodea el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025, suscrito entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda S. A. de Portugal, instrumento que sustenta la transición hacia el nuevo modelo de expedición de pasaportes.
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En octubre de 2025, Petro había asegurado que el proceso no presentaba improvisaciones, luego de que la Procuraduría General de la Nación interpusiera una demanda en la que calificó el contrato como un “compendio de improvisaciones”. En ese momento, el jefe de Estado afirmó de manera categórica que “no hay ninguna improvisación” y sostuvo que “el nuevo pasaporte cumple normas de última tecnología en seguridad (y) en información”.
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No obstante, a finales de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach. La acción judicial cuestiona el acuerdo suscrito por más de un billón de pesos entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y el Gobierno portugués, cuyo objeto es establecer reglas de cooperación y participación para la producción y personalización de los documentos de viaje.
Para la Procuraduría, la justificación del convenio se apoyó en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, que regula la contratación con organismos internacionales. Sin embargo, el ente disciplinario indicó que los aportes de la Imprensa – Casa da Moeda de Portugal representaban solo el 21% del valor total del convenio, porcentaje que, según su análisis, no cumpliría con el requisito legal de financiación mínima del 50% exigido por la norma.
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La defensa de Petro ante la advertencia de la Contraloría
A través de su cuenta de X, el mandatario defendió el alcance del nuevo esquema. “El nuevo modelo nos da un pasaporte que es el cuarto mejor del mundo y está listo (sic)”, escribió Petro, en referencia a los estándares técnicos y de seguridad que, según el Gobierno, incorpora el nuevo documento de viaje colombiano.
Lo anterior, en respuesta a la advertencia de la Contraloría General de la República sobre la implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes, con base en un análisis documental de los contratos vigentes y de los que se proyectan ejecutar en el marco del convenio de cooperación internacional.
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El ente de control fiscal señaló un riesgo inminente de afectación negativa al patrimonio público, sustentado en varios aspectos. Entre ellos, indicó que no existe una proyección de costos por vigencia que permita identificar los compromisos financieros anuales ni evaluar la suficiencia de las fuentes de recursos para financiar el nuevo modelo.
Asimismo, advirtió que el convenio no define los valores que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe pagar a la Imprenta Nacional por la personalización de los documentos, a pesar de que existen herramientas técnicas para proyectar dichos montos. También se señaló un cambio en las condiciones de producción, al pasar de un esquema basado en la demanda a uno que establece cantidades mínimas anuales, sin considerar la dinámica real del servicio.
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La Contraloría alertó además que no se establecen garantías para el suministro de pasaportes cuando se requieran cantidades adicionales a las mínimas pactadas, ya que estas dependerían de la disponibilidad de la Casa da Moeda de Portugal. A ello se suma el riesgo cambiario derivado de la valoración de los documentos en euros, el cual sería asumido por el Estado colombiano sin que exista evidencia de estudios de cobertura.
El informe del ente fiscal también indicó que el convenio 010 contempla el cobro de intereses calculados a la tasa máxima legal vigente en Colombia, un costo que no se aplicaba en el modelo anterior. De igual forma, señaló que los contratos ejecutados previamente incluían IVA y otras tasas asociadas a la prestación del servicio, costos que no estarían contemplados en el nuevo convenio.
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La entidad concluyó que la falta de estimación previa de estos costos evidencia debilidades en la estructuración del proyecto, al no contar con un modelo financiero completo. También advirtió que, si el valor final del servicio supera lo previsto, sería necesario incrementar el presupuesto asignado, lo que implicaría revisar las fuentes de financiación, además del riesgo de incumplimiento de las fechas de implementación y posibles sanciones económicas.
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