La compañía Canacol Energy evalúa la suspensión de sus contratos de suministro de gas en Colombia a partir del 28 de mayo de 2026, siempre que prosperen los fallos judiciales pendientes en Canadá y en Colombia.
Esta posible interrupción afectaría a 19 contratos con 12 empresas de diversos sectores económicos, en un contexto de incertidumbre regulatoria que depende tanto de tribunales extranjeros como de las autoridades nacionales.
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La empresa presentó su solicitud ante la Corte de Alberta, en Canadá, en la que busca autorización para suspender los acuerdos vigentes.
De acuerdo con fuentes cercanas al sector energético citadas por Portafolio, se prevé que el tribunal canadiense emita su decisión “en la próxima semana o la que viene”.
Este dictamen sería el primer paso formal para avanzar con la medida. Si la corte otorga el aval, el caso pasaría a manos de la Superintendencia de Sociedades en Colombia, que deberá decidir si reconoce y valida el pronunciamiento internacional, acorde al procedimiento legal establecido en ambos países.
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La expectativa es iniciar la suspensión “entre el 28 de mayo y la finalización del mes”, siempre que ambos organismos den su visto bueno.
En total, 19 contratos de suministro de gas quedarían interrumpidos si se cumplen las condiciones legales, impactando directamente a 12 compañías.
Dentro de las entidades potencialmente afectadas figuran empresas de peso como Cerro Matoso, Surtigás, Enel Colombia, Gases del Caribe y Gases de La Guajira, de acuerdo con la información revelada por Portafolio.
El caso de Cerro Matoso es especialmente sensible: cerca del 80% del gas que consume esta empresa proviene de Canacol Energy, lo que la convierte en una de las más vulnerables ante la eventual medida.
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La solicitud de suspensión de contratos por parte de Canacol Energy aún no ha sido formalizada ante la Superintendencia de Sociedades, el organismo colombiano responsable de los procesos concursales.
Días atrás, esta entidad precisó que carece hasta la fecha de “alguna solicitud formal dentro del proceso concursal en el país relacionada con la eventual suspensión de contratos de gas”.
Resaltó además que, en caso de recibir una petición en ese sentido, deberá evaluarla bajo las reglas de la Ley 1116 de 2006, considerando el orden público económico, la protección de los acreedores y el interés general.
La Superintendencia de Sociedades indicó, de igual manera, que cualquier fallo de la autoridad judicial canadiense necesitará ser incorporado a los expedientes en Colombia y pasar por un procedimiento de reconocimiento antes de generar efectos jurídicos en el país.
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Este proceso, que transcurre en dos jurisdicciones, mantiene en espera a los principales actores del sector energético nacional. La expectativa del mercado se ha focalizado en el tramo final de mayo como referencia clave para eventuales cambios en el régimen de contratos.
Las fuentes consultadas por el medio citado recalcaron: “La intención es que en caso de que todo se acepte, suspender los contratos a partir de finales de mayo”, situando en el calendario el 28 como la fecha tentativamente más probable para el inicio de la medida.
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El 50% de la demanda de gas en la región Caribe depende de Canacol, lo que confiere al anuncio un efecto inmediato sobre la competitividad nacional y la estabilidad energética en un escenario marcado por la cercanía del fenómeno de El Niño, según informó la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
La interrupción del suministro que provee Canacol Energy, responsable del 17 % de la oferta nacional, implicaría un aumento sustancial en los precios del gas.
Este efecto se concretaría en las facturas de gas natural vehicular, residencial y comercial, trasladando los mayores costos a los hogares y a las empresas, de acuerdo con Asoenergía.
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Además, el desabastecimiento afectaría al sector térmico, que depende de este insumo para compensar la falta de generación hidroeléctrica cuando las lluvias disminuyen.
La dimensión social de la crisis se refleja en los más de 2.000 empleos en riesgo —sumando directos e indirectos— en el departamento de Córdoba y en el impacto sobre 50.000 personas y 25 comunidades que dependen de los programas sociales financiados con los recursos de la minera.
El fisco, por su parte, dejaría de recibir los 334.570 millones de pesos en regalías e impuestos pagados por Cerro Matoso en 2025, según la ACM.
Silvana Habib Daza, directora ejecutiva de Asoenergía, advirtió en declaraciones recogidas por la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales que el contexto actual requiere “señales claras de estabilidad para mantener la confianza de los inversionistas”.
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Así mismo, subrayó: “Situaciones como esta no solo afectan a una empresa en particular, sino que envían mensajes a toda la industria y a los inversionistas”.
La petición se dirige a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a quienes los gremios exigieron protección al marco contractual vigente y garantizar el suministro de gas en condiciones de previsibilidad.
Desde la perspectiva de los sectores energético y minero, el gas natural representa un insumo insustituible a corto plazo.
“Decisiones de este tipo envían una señal muy negativa”, insistió Nariño desde la ACM. Tanto Asoenergía como la ACM convergen en señalar que la alteración unilateral de contratos mina la confianza empresarial y pone en peligro la continuidad de actividades económicas fundamentales para Colombia, en especial en un momento de vulnerabilidad frente al fenómeno de El Niño.
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