El Gobierno de Colombia insistió en detener los incrementos de precios en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), así como en controlar los aumentos en el sector inmobiliario, mediante acciones conjuntas entre el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Ambas entidades avanzaron en estrategias para proteger los derechos de los consumidores y garantizar que la información sobre proyectos inmobiliarios sea clara y suficiente para quienes buscan adquirir una vivienda.
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El Ministerio de Vivienda realizó la publicación de un proyecto de decreto para recibir observaciones de la ciudadanía. En el documento, se propuso armonizar el tope máximo del valor de la vivienda de interés social (VIS) en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv), siguiendo lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta medida apunta a evitar incrementos desproporcionados en los precios y a proteger la planeación financiera de los hogares colombianos.
Desde la Superintendencia de Industria y Comercio, se reiteró el papel de vigilancia para asegurar que la información sobre precios de vivienda sea transparente y no genere confusiones.
Según la entidad, “la publicación de precios de vivienda en salarios mínimos u otras unidades distintas a la moneda legal puede inducir a error o confusión, al no reflejar de manera precisa el valor real del inmueble ni permitir una comparación objetiva entre las ofertas del mercado”. La normativa exige que los precios sean informados en pesos colombianos, de manera comprensible, clara y verificable.
El proyecto de decreto presentado por el Ministerio de Vivienda no introduce un control directo de precios, sino que establece reglas para proteger a las familias compradoras.
De acuerdo con la Circular 004 de 2024 de la SIC y lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas relacionadas con el incremento anual del salario mínimo.
La medida pone límites a cualquier ajuste de precio, restringiéndolo a variables relacionadas con los costos de construcción y respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.
El objetivo central es evitar que el precio de la vivienda sufra incrementos abruptos, como los que podrían derivarse de aumentos en el salario mínimo.
En el comunicado se recalcó que existen prácticas consideradas contrarias a los derechos de los consumidores, como no fijar el precio en pesos colombianos, aplazar la firma de contratos para trasladar al comprador el efecto de futuros aumentos del salario mínimo y utilizar cláusulas contractuales que generen desequilibrios injustificados en perjuicio del comprador.
El Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio recordaron a la ciudadanía varias recomendaciones para la adquisición de vivienda VIS y VIP.
Entre ellas, que el precio de la vivienda debe informarse siempre en pesos colombianos, de manera clara, completa y precisa, y que el consumidor solo está obligado a pagar el valor informado al momento de manifestar su voluntad de compra.
La Circular n.° 4 de 2024 de la SIC establece que tanto la publicidad como la fijación de precios de proyectos de vivienda deben realizarse en la moneda legal, conforme al artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.
Además, se enfatizó que los precios informados no pueden modificarse por el solo paso del tiempo, ya que esto vulnera el derecho a la información y puede constituir una cláusula abusiva. En los contratos de adhesión, cualquier disposición que genere un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor se considera ineficaz de pleno derecho.
Las entidades reiteraron su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la protección de los derechos de quienes buscan acceder a una vivienda.
“La información sobre precios debe ser comprensible, clara y verificable, de conformidad con el Estatuto del Consumidor”, señalaron en el comunicado. También invitaron a la ciudadanía a informarse y a ejercer sus derechos durante todo el proceso de adquisición de vivienda nueva.
El Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio mantuvieron la coordinación para velar por el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer la protección de los consumidores en el sector de la vivienda. El objetivo es asegurar que las familias colombianas puedan acceder a una vivienda digna, con reglas claras y precios justos, evitando incrementos injustificados y prácticas contractuales que puedan afectar sus derechos.
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