
Ante las recientes inundaciones en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional puso en marcha una estrategia inédita para asegurar la nutrición de miles de estudiantes afectados, a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El nuevo modelo PAE busca responder a la emergencia climática y a las fallas históricas de cobertura mediante la entrega directa de alimentos en los hogares, garantizando el derecho a la alimentación de los menores en los territorios más vulnerables.
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La cartera educativa oficializó la medida a través del Decreto 0176 de 2026, que permite la continuidad del PAE en zonas donde las actividades académicas se encuentran suspendidas. La medida se implementará en ocho departamentos declarados en situación crítica: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.
En estos territorios, la entrega de suministros a los alumnos impedidos de asistir a los centros educativos se convierte en la principal fuente de nutrición diaria para una parte considerable de la población escolar.

Modalidades de distribución: la logística detrás del PAE en emergencia
Para sortear los obstáculos geográficos y estructurales que han dejado las precipitaciones, el Ministerio de Educación, en conjunto con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Uapa), ha definido tres modalidades de distribución:
En primer lugar, la entrega de canastas de alimentos para el hogar se aplicará en sectores cuya infraestructura escolar ha sufrido daños o donde el acceso está bloqueado. Los acudientes podrán retirar productos no perecederos en puntos de acopio, lo que permitirá cubrir las necesidades alimentarias de los menores durante periodos de entre 20 y 30 días.
La segunda modalidad prevé la instalación de Puntos de Alimentación Comunitaria, ubicados en infraestructuras alternativas como salones comunales o carpas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En estos lugares, los estudiantes recibirán raciones preparadas, aun cuando las escuelas locales permanezcan cerradas por la emergencia.

Finalmente, para las zonas de difícil acceso, se distribuirán Raciones Industrializadas compuestas por lácteos, cereales y proteínas de consumo inmediato, las cuales no requieren refrigeración ni preparación adicional. La alternativa busca garantizar el suministro a niños y niñas que se encuentran en áreas apartadas y con mayores desafíos logísticos.
El despliegue de estas estrategias contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado de los insumos a las regiones más afectadas, asegurando que la cadena de suministro se mantenga activa incluso en condiciones adversas.
Balance y desafíos: el presente del PAE en las regiones
El Ministerio de Educación y la Uapa presentaron un balance que reveló contrastes significativos en la ejecución del PAE entre 2022 y 2026. El país experimentó un aumento sin precedentes en la inversión: de $4,33 billones en 2022 a $7,24 billones en 2026, con un crecimiento del aporte nacional de $1,5 billones a $3 billones. En total, el programa cuenta con $2,91 billones adicionales, lo que representa una asignación histórica para la alimentación escolar.
No obstante, el incremento presupuestal no se tradujo en una expansión de la cobertura. De acuerdo con el reporte oficial, la cantidad de estudiantes beneficiados descendió de 5,9 millones en 2022 a 5,6 millones en 2025, una caída de 253.360 menores que revierte los avances logrados en años anteriores.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, cuestionó abiertamente a las entidades territoriales sobre el destino de los recursos aumentados y advirtió sobre el aumento en el costo promedio de la ración: un 35% más en el periodo. Un caso paradigmático es Sincelejo, donde el valor por ración pasó de $3.800 en 2022 a $10.600 en 2025, lo que equivale a una variación del 173%.
El director de la Uapa, Sebastián Rivera Ariza, subrayó que de las 97 entidades certificadas en educación, 55 redujeron el número de estudiantes atendidos pese al mayor presupuesto. La unidad proyecta un cambio de fondo para 2026: la asignación de recursos estará condicionada al aumento de la cobertura, priorizando a las regiones que demuestren resultados efectivos y ajustando los fondos en aquellas donde la atención disminuya.
Para calcular la cobertura proyectada, la UApA consideró tres variables fundamentales: el aumento proporcional del valor de los alimentos respecto al índice de precios agropecuarios (Ipap), el aumento del 23% en el salario mínimo que impacta el valor de las manipuladoras, y el ajuste de otros elementos basado en el índice de Precios al Consumidor (IPC).
Territorios con retrocesos y avances: el mapa desigual de la alimentación escolar
El informe revela que, a pesar de la mayor disponibilidad de recursos, existen territorios donde la cobertura cayó de manera significativa. Villavicencio registró una disminución del 43%, Atlántico del 36%, Huila del 25%, Neiva del 24% y Envigado del 22%.

Un caso emblemático es Magdalena, donde el número de estudiantes atendidos pasó de 138.368 en 2022 a 133.203 en 2025, mientras que los recursos asignados aumentaron más de $44.000 millones en el mismo periodo. Este contraste ha abierto un debate sobre las fallas en la ejecución local y la necesidad de reforzar los mecanismos de control.
Frente a estos retrocesos, otros territorios sí lograron ampliar la cobertura. Bello lideró el crecimiento con un 82,99%, seguido de Maicao con 55,04%, Guainía con 51,94% y Facatativá con 45,64%.
Para el Ministerio de Educación, dichos ejemplos demuestran que, con planeación adecuada, contratación oportuna y operación continua, es posible traducir el aumento presupuestal en una mejora efectiva para los estudiantes.
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