Medida de Gustavo Petro sobre las pensiones generó renuncias en el Gobierno y los reemplazos serían “un desastre para el país”

La emisión del decreto 1485 situó al sistema de pensiones de Colombia en el centro de una controversia nacional. El Ministerio de Hacienda ordenó que los fondos de pensiones privados repatríen más de $200 billones de ahorro pensional invertidos en el extranjero.

La medida dispone la devolución inmediata de los recursos administrados por los fondos privados hacia Colombia, provenientes del ahorro de millones de cotizantes. Toda la iniciativa se inscribe en una agenda regulatoria que establece lineamientos hasta 2026, promovida por la URF desde diciembre del año pasado.

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La justificación oficial, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, es fortalecer la economía y asegurar la sostenibilidad del sistema pensional. Sin embargo, la decisión desencadenó la renuncia de la directora de la URF Mónica Higuera, que manifestó su desacuerdo ante los riesgos que implica la repatriación. Consideró la exfuncionaria que la medida era amenazante para la seguridad del ahorro colombiano. Tan peligrosa es que, tras Higuera, seis funcionarios renunciaron a la entidad y ya en Presidencia hay una lista de aspirantes para reemplazarlos.

Y es que el decreto también modifica el mecanismo de ajuste por salario mínimo en las pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia. A partir de la entrada en vigor de la norma, la responsabilidad de financiar el incremento anual del salario mínimo recae en las aseguradoras y los afiliados, con lo que se deja atrás la intervención del Estado. Esto supondría que los trabajadores deberán acumular un capital considerablemente mayor para poder jubilarse. Ahora se calcula que la edad de retiro podría aumentar entre 10 y 15 años.

Impacto técnico y económico de la reforma pensional

Con las nuevas reglas, los afiliados que accedan a la pensión podrían recibir mesadas pensionales más bajas. Por ejemplo, alguien que recibía $1.800.000 mensuales pasaría a $1.423.500, correspondiente al salario mínimo de 2025. Además, el capital requerido para obtener una renta vitalicia se incrementa, imponiendo desafíos adicionales a quienes buscan el retiro.

El impacto institucional alcanzó su punto máximo el 13 de enero, con la crítica de Mónica Higuera sobre las decisiones al interior de la URF. Por medio de X, la exdirectora se mostró sorprendida: “Qué Horror. ¿Qué personas capacitadas, experimentadas, profesionales y técnicas rigurosas en regulación financiera van a salir?”. Con esto, puso en duda el perfil de los nuevos funcionarios.

Agregó: “Un desastre para la URF y, por supuesto, para el país. Estas personas no saben de regulación financiera ‘pura y dura’. Solo es consultar sus hojas de vida”.

La propia exfuncionaria informó que los subdirectores de la URF Mauricio Salazar, Mariana Aya y Paola Rodríguez pidieron las renuncias protocolarias a todos los asesores de la unidad por instrucción de la directora (e) Larissa Caruso.

La crítica se da, sobre todo, porque para trabajar la URF, los requisitos suelen variar según el cargo, pero en general se pide lo siguiente:

• Título profesional en áreas como Derecho, Economía, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia laboral previa en regulación financiera, análisis normativo o estudios económicos y jurídicos relacionados con el sector financiero.
• Competencias específicas según el puesto, como análisis de impacto regulatorio, preparación de proyectos normativos y evaluación de normas.
• Conocimiento en políticas públicas, sistemas financieros, legislación vigente y capacidad para realizar estudios económicos y jurídicos.

Quiénes son los aspirantes

No obstante, en el proceso de selección para nuevos asesores y directivos se escogió a los siguientes:

• Violeta Maria Aguilar Abaunza: abogada con experiencia en derecho administrativo y ciencia política.
• Carlos Eduardo Sandoval Moreno: economista y doctor en economía con trayectoria internacional.
• Lina Maria Rodríguez Barón: abogada y especialista en aseguramiento.
• Lucas Rodríguez Gómez: economista con experiencia en el sector público y privado.
• Andrea Paola Santanilla Narváez: economista con formación en banca y el sector público.
• Juan Oswaldo Manrique Camargo: economista especializado en planificación y gestión financiera.

El perfil técnico de los aspirantes se evaluó ante las exigencias del cargo, ya que la URF es responsable de regular el sistema financiero y definir normativas de amplio impacto.

Por otro lado, la preocupación sobre los efectos económicos y sociales de la norma llevó a la Procuraduría General de la Nación a instalar una mesa técnica preventiva. Esta instancia busca examinar el impacto de la repatriación en la protección del ahorro y la solidez del sistema, manteniendo una supervisión constante sobre el proceso.

Advertencias y cuestionamientos de los gremios sobre la repatriación de fondos

El debate se ha intensificado por las advertencias de los gremios Asofondos y Fasecolda. Estas organizaciones alertaron que la reforma podría conllevar mayores riesgos y menores retornos sobre el ahorro pensional de millones de afiliados. Entre sus advertencias figuran la posible disminución del número de pensionados y una reducción en el valor de las mesadas, lo que pondría en entredicho la sostenibilidad del sistema previsional en Colombia. El ahorro pensional disminuiría 50%, apuntó Asofondos.

En respuesta, el Ministerio de Hacienda defendió la reforma al argumentar que busca modernizar y garantizar el futuro del sistema pensional colombiano. No obstante, distintos sectores han solicitado al Gobierno revisar el decreto y su implementación para evitar un impacto negativo sobre el acceso a una pensión digna.