La influenciadora colombiana Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a cumplir una pena de cinco años y dos meses de prisión, por cometer actos vandálicos contra las estaciones de TransMilenio y compartirlos en sus redes sociales en 2019.
El fallo, que se leyó el miércoles 29 de enero de 2025, confirma que no gozará del beneficio de casa por cárcel debido a las graves imputaciones. La decisión se fundamenta en los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.
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La defensa de la creadora de contenido, comandada por el abogado Francisco Bernate, ha planteado alternativas para poner en libertad a Barrera, que lleva más de 10 meses en prisión. Entre ellas, apegarse a un proceso de justicia restaurativa, un mecanismo con el que busca que su cliente repare el daño causado por fuera del centro penitenciario.
A pesar de ello, el 13 de enero de 2026, se reveló que un juez de ejecución de penas negó a Daneidy Barrera Rojas la extinción de la pena que solicitó con base en la Ley de justicia restaurativa. En consecuencia, la empresaria seguirá privada de la libertad, en la Escuela de Carabineros de Bogotá, hasta que cumpla la pena impuesta por la justicia colombiana.
En reacción a la decisión, la defensa de la creadora de contenido solicitó a la Corte Constitucional revisar la tutela que pone en tela de juicio la legalidad de la condena contra Epa Colombia.
Las estrategias fallidas de Epa Colombia para reducir su pena y salir de la carcel
El 28 de septiembre de 2025, Daneidy Barrera Rojas presentó una tutela ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada Hilda González Neira firmó la admisión y dispuso la recolección de diferentes conceptos, con el objetivo de tomar una decisión de fondo en los próximos días.
En su acción judicial, la empresaria sostuvo que la sala penal del máximo tribunal no consideró su condición de madre cabeza de familia ni el hecho de haber reparado económicamente a las víctimas reconocidas en su expediente. Por ello, alega que se vulneraron sus derechos al debido proceso, la igualdad y el principio de favorabilidad. La petición recibió una respuesta negativa por parte de la entidad. Sin embargo, Epa Colombia no se rinde en su propósito de abandonar la cárcel.
Como acto de buena fe, Barrera Rojas llegó a un acuerdo con TransMilenio S.A., para indemnizar a la empresa de transporte por los hechos que protagonizó en 2019.
En la negociación se estableció que deberá pagar $100.000.000 a la entidad de servicio urbano, además de que estará obligada a realizar actividades pedagógicas tanto en espacios públicos como en redes sociales, una vez culmine su condena y ofrecer disculpas públicas por lo ocurrido.
TransMilenio precisó: “Son actividades pedagógicas que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte”.
Y agregó: “Desde TransMilenio reafirmamos el compromiso de la entidad y de la ciudad con soluciones innovadoras de justicia restaurativa que no solamente buscan una reparación total de los hechos, sino también una reconciliación social y un incentivo del respeto por el sistema de transporte público”.
Incluso, Barrera Rojas se comprometió a emplear su experiencia digital para promover el respeto a la infraestructura y a los funcionarios del sistema, así como para sensibilizar sobre las consecuencias de colarse o causar daños a las estaciones y buses.
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