“Podemos ir a la cárcel”: la advertencia de exfuncionaria del Gobierno Petro a uno de los ministros por plata de las pensiones

La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URG) Mónica Higuera señaló que advirtió al ministro de Hacienda, Germán Ávila, del riesgo de enfrentar consecuencias penales debido a la orden de nacionalizar $125 billones del ahorro pensional invertido en el extranjero, a ejecutar en seis meses. La salida del cargo, después de dos años, ocurrió en medio de presiones institucionales para hacer la operación, que, según ella, ponía en riesgo tanto el patrimonio de los afiliados como la seguridad jurídica de los funcionarios involucrados.

“Yo le digo que eso es imposible, que eso puede generar un detrimento patrimonial para los afiliados y que nos podemos ir a la cárcel”, afirmó a Portafolio al dar detalles de la conversación mantenida con el jefe de cartera en medio del proceso. Señaló que expuso los reparos con claridad y que su dimisión fue consecuencia de una orden que consideró insostenible desde el punto de vista técnico, jurídico y económico.

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De igual forma, explicó que la insistencia del presidente Gustavo Petro en lograr la nacionalización de fondos llevó a que Ávila transmitiera la orden de emitir un decreto inmediato para repatriar la mitad de los recursos gestionados fuera del país. “Él me dice que es una orden. También me dice algo que yo le creo mucho a las AFP, porque sabe que eso sí se puede hacer y sí se puede traer”, relató.

Además, expuso que la finalidad de la iniciativa era canalizar los recursos hacia proyectos de infraestructura, vivienda y sectores sociales en Colombia. Sin embargo, advirtió que forzar un regreso tan acelerado comprometería inversiones de largo plazo y multiplicaría los riesgos financieros. “Liquidar inversiones que están en diferentes jurisdicciones, diferentes monedas, diferentes activos, diferentes plazos, hay inversiones que tienen tiempos de maduración de 10, 15, 20, hasta 30 años”, indicó al medio.

Disminución del capital recaudado

De acuerdo con Higuera, el planteamiento suponía desprenderse de portafolios en proceso de acumulación de rentabilidad, lo que llevaría a una disminución inevitable del capital recuperado. “Si las AFP tienen que salir a vender todo a lo que les den, se puede traer menos de la mitad de la plata, el treinta por ciento, el veinte por ciento”, enfatizó al señalar que factores como la tasa de cambio y la falta de sincronía en los vencimientos hacían más difícil aún la operación.

Al responder al requerimiento institucional, recordó que su equipo procuró desarrollar una propuesta técnicamente viable y alejado del monto exigido por el Ministerio de Hacienda. “Hicimos una versión que no es la de los ciento veinticinco billones de pesos que quería Hacienda, no la del superintendente Ferrari (César), que concretamente es una modelación”, explicó. Sin embargo, durante una reunión con el viceministro Leonardo Pazos, la negativa al borrador técnico llevó a que el encuentro se cerrara abruptamente y, según la exfuncionaria, marcó el principio del final de su labor al frente de la unidad.

Insistió en que adelantar la medida representaba un riesgo patente de detrimento patrimonial, dado que los fondos de pensión están orientados a la seguridad social de largo plazo, no a inversiones especulativas de retorno inmediato. “Tomar la decisión de traer inversiones que están a plazos de 19, 20 o 30 años, primero, pues, aún no han llegado a su curva de rentabilidad. Y, segundo, todavía no han cumplido con el objetivo de entregas de esa parte de ahorros”, apuntó a Portafolio.

Responsabilidades legales ante efectos negativos

Higuera puntualizó su posición frente al alcance de las responsabilidades legales ante hipotéticos efectos negativos. “En estricto sentido, yo como proyecto la norma, no tengo una responsabilidad penal sobre la norma. Pero quien la firma, que es el señor presidente, y quien la firma, que es el ministro, pues sí tienen una responsabilidad de cara a haber sacado un decreto que puede tener unos efectos negativos en el ahorro público, porque esos recursos son de seguridad social”, agregó.

Sobre el proceso deseable para una transición, destacó el valor de la gradualidad y del diálogo técnico. “Lo que yo sí puedo decir es que creo que él (el presidente Petro) tiene una intención legítima de que de verdad el ahorro de los colombianos esté en Colombia. El tema es el cómo. El tema es cómo se logra esa gradualidad y cómo se proyecta eso de cara al próximo gobierno”, reflexionó.

Resaltó que la diversificación internacional del ahorro pensional ofrece cobertura frente a variaciones de monedas, riesgos y necesidades de liquidez; a su juicio, cualquier reorientación de recursos debe considerar tanto la protección de los afiliados como la estabilidad de la economía nacional. “Si habría alguna posibilidad de modelar algo que ayude a crecer más a Colombia, pues yo sé que las AFP también están dispuestas a hacerlo”, indicó.

Al describir la imposibilidad técnica de la maniobra en los términos exigidos, detalló que “es imposible de llegar a ser realizada precisamente porque las inversiones están en puntos de maduración dispersos, de diez, quince, veinte años, en yenes, en euros, en dólares, en ETF, en bonos del Tesoro, en fondos de capital privado, en jurisdicciones dispersas y con contratos también de llamados a capital igualmente dispersos”.

Favorabilidad de la tasa de cambio

Como ejemplo, señaló que, así la tasa de cambio resultase favorable, el país no podría asumir el volumen de capital propuesto sin perder una parte notable de los recursos invertidos. “Así se ponga la tasa de cambio en $2.000, la gente ya no se trae $250 billones ni $125 billones, sino que estarán llegando, no sé, $60 billones o $50 billones. O sea, para mí eso no es posible y sería dramático”, advirtió.

A su juicio, el planteamiento oficial carecía de fundamentos técnicos y jurídicos, y la presión institucional condujo a su decisión de dejar el cargo. “Yo ya sé que yo me voy de la Unidad porque de manera directa desafío una instrucción”, añadió sobre el momento en que se precipitó su salida.

Aunque reiteró que entiende la preocupación por alinear el ahorro con la economía nacional, Higuera remarcó que la sostenibilidad de los fondos y los derechos de los trabajadores solo pueden salvaguardarse mediante una política articulada y transparente.