Condenan a jefe de una red criminal que alteraba medidores de gas en Bogotá y Cundinamarca: causó pérdidas por $800 millones

La justicia condenó a Óscar Geovanny Urrea Contreras, conocido como “Llavero”, luego de que suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación por su responsabilidad en la dirección de una red dedicada a manipular medidores de gas en establecimientos comerciales.

De acuerdo con la investigación, la estructura delinquió entre 2022 y 2023 y ocasionó un perjuicio económico que supera los $800 millones a la empresa prestadora del servicio, Vanti.

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El fallo se produjo tras la aceptación de cargos y la verificación judicial de los elementos probatorios recaudados durante el proceso. La Fiscalía sostuvo que la organización ofrecía instalaciones fraudulentas —dispositivos o intervenciones directas sobre los equipos de medición— con las que se lograba disminuir el consumo registrado y, en consecuencia, reducir las facturas de algunos comercios hasta en un 50%. Según las evidencias incorporadas al expediente, cada intervención era cobrada en promedio por un valor cercano a los $6 millones.

Así operaba la red criminal

Durante la audiencia, las autoridades expusieron el funcionamiento interno de la organización. La investigación estableció que Urrea Contreras ejercía labores de dirección y coordinación: organizaba la captación de clientes, definía las rutas de trabajo, asignaba tareas a los integrantes y se encargaba del cobro por la manipulación de los medidores.

Las intervenciones se realizaban principalmente en restaurantes, establecimientos de comidas rápidas, asaderos y otros locales comerciales ubicados en Bogotá y en municipios como Soacha, Mosquera y Funza, entre otros de Cundinamarca. El esquema, según la Fiscalía, se replicó de manera sostenida durante el periodo investigado, lo que permitió consolidar un daño económico acumulado que superó los $800 millones.

Cuando las maniobras enfrentaban riesgos de detección, la investigación determinó que integrantes de la red sobornaban a inspectores y técnicos con el fin de orientar los informes de revisión y evitar que las alteraciones fueran reportadas a la empresa prestadora del servicio.

Delitos imputados y pruebas del proceso

Óscar Geovanny Urrea Contreras fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, defraudación de fluidos, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y usurpación de derechos de industria. La juez del caso señaló durante la diligencia que las pruebas acreditaron su papel como líder de la organización y su participación en la coordinación de una actividad delictiva con fines económicos, en el marco del preacuerdo suscrito con la Fiscalía.

En el expediente también reposan interceptaciones de comunicaciones que, según la Fiscalía, evidencian instrucciones directas entre Urrea y otros integrantes de la estructura. En esos registros aparecen coordinaciones sobre las actividades ilícitas y la distribución de funciones, elementos que fueron utilizados para sustentar su condición de cabecilla y la existencia de un propósito criminal común.

Las autoridades indicaron que esos cruces de llamadas y mensajes permitieron reconstruir la dinámica de la red, así como establecer la periodicidad de las intervenciones y el alcance territorial de las operaciones fraudulentas.

Otras capturas y alcance judicial del caso

En el momento de las capturas fueron detenidas otras personas señaladas de integrar la estructura delictiva. Entre ellas figuran Johan Osvaldo Becerra Medina, James Andrey Gómez Herrera, José Néstor Barrios Martínez y Deifer Urrea Martínez, cuyos nombres aparecen relacionados en el proceso.

Con la condena impuesta al principal responsable, el proceso penal permitió esclarecer el funcionamiento de la red, así como el rol de coordinación que ejercía su líder. La Fiscalía destacó que la sentencia se profirió en el marco de un preacuerdo, mecanismo que permitió dar por acreditados los hechos y avanzar en la definición de responsabilidades penales.

Las autoridades judiciales mantienen abiertos los procesos relacionados con los demás capturados en el operativo, mientras se definen las responsabilidades individuales.