Usuarios del sistema de salud en Tunja iniciaron su jornada mucho antes del amanecer para reclamar medicamentos en la sede de Discolmets, operador farmacéutico asignado para la dispensación de tratamientos en esa ciudad.
En un video divulgado el 7 de enero de 2026 por Noticias RCN en la red social X, se observa a decenas de personas haciendo fila desde las 3:00 a. m. con la esperanza de obtener fármacos que les fueron negados el día anterior debido a fallas de sistema y falta de atención oportuna, lo que obligó a muchos a perder horas de descanso sin poder reclamar sus fórmulas médicas.
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La escena refleja la crisis más amplia de acceso a medicamentos que atraviesa Colombia, donde largas colas para reclamar tratamientos esenciales se han convertido en la norma en diferentes regiones del país.
Según informes institucionales, las dificultades en el suministro son consecuencia de barreras administrativas y descoordinación entre EPS y gestores farmacéuticos, afectando a cientos de miles de afiliados que han visto interrumpidos sus tratamientos.
En medio de esta situación, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid publicó un pronunciamiento en X en el que calificó como “la verdadera tragedia del pueblo colombiano” la falta de acceso a medicamentos y criticó duramente al Gobierno por lo que considera distracciones políticas.
En su mensaje sostuvo que mientras ciudadanos enfrentan largos tiempos de espera y dificultades para sus tratamientos, la administración nacional estaría “ocupada en raspar la olla hoy haciendo marchas en favor de Maduro”, en alusión a la movilización oficial convocada recientemente para defender la soberanía del país el 7 de enero de 2025 a las 4:00 p. m.
Cadavid agregó que “este año tenemos que salir de la oscura noche”, enfatizando su llamado al cambio y a una mayor atención a las necesidades básicas de la población en lugar de enfocarse en confrontaciones externas o agendas políticas que, según él, desvían la atención de problemas urgentes de salud pública.
Crisis financiera obliga al Hospital San Rafael de Tunja a suspender servicios ambulatorios
El Hospital Universitario San Rafael de Tunja atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente tras anunciar la suspensión de múltiples servicios ambulatorios, una decisión motivada por la profunda crisis económica derivada del incumplimiento financiero de la Nueva EPS.
La deuda acumulada alcanza los 147.000 millones de pesos, cifra que pone en riesgo la operación del principal centro asistencial de Boyacá.
El gerente del hospital, Germán Pertuz, explicó que la medida busca salvaguardar la estabilidad institucional ante la falta de liquidez. Según indicó, el problema no radica únicamente en el monto adeudado, sino en la ausencia de mecanismos efectivos para conciliar cartera o pactar compromisos reales de pago.
“No existen canales funcionales para llegar a acuerdos”, señaló.
La suspensión afecta consultas externas especializadas, ayudas diagnósticas, tomografías, resonancias magnéticas y cirugías programadas.
Esta situación impacta de manera directa a cerca de 9.400 pacientes mensuales, muchos de ellos afiliados a la Nueva EPS, entidad que concentra aproximadamente 524 mil usuarios en Boyacá. Pertuz recalcó que se trata de “decisiones dolorosas” que terminan perjudicando a personas ajenas al conflicto financiero.
El directivo confirmó que la determinación fue notificada a la Secretaría de Salud departamental, la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, una reciente reunión virtual con representantes de la EPS no arrojó resultados positivos.
De acuerdo con el gerente, la aseguradora argumentó falta de recursos por embargos y solo propuso cancelar el “70% de lo facturado”, porcentaje inferior al mínimo legal exigido.
Pese a la coyuntura, el Hospital San Rafael mantendrá activos los servicios de urgencias, hospitalización y cirugías de emergencia, tal como lo establece la normatividad vigente. “Las urgencias no se pueden cerrar”, enfatizó Pertuz, aclarando que esa atención está garantizada con o sin contrato.
La crisis también repercute en el talento humano. Más de 1.600 trabajadores, entre médicos y personal asistencial, enfrentan retrasos en sus pagos.
Pertuz aseguró que el hospital actuó con responsabilidad administrativa, logrando mantener inventarios adecuados, pero el incumplimiento ha deteriorado el flujo de caja.
Finalmente, el gerente hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los entes de control para que intervengan.
“El San Rafael no es solo de Tunja, es de todo Boyacá”, concluyó, insistiendo en la urgencia de una solución estructural que garantice la continuidad del servicio de salud.
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