Petro acusó a las empresas de estafar a los colombianos al subir el precio de la vivienda con el aumento del salario mínimo

El aumento del salario mínimo 2026 en Colombia en un 23% intensificó la confrontación entre el Gobierno de Gustavo Petro y los principales gremios de la vivienda y la construcción, como Fedelonjas y Camacol. Ambos sectores advirtieron sobre posibles riesgos para el acceso a la vivienda de interés social ante la medida. El presidente Petro calificó de “estafa” la vinculación directa entre el ajuste salarial y el encarecimiento de la vivienda, al prometer regulaciones para evitar “abusos”.

El anuncio del ajuste fue recibido con reservas por los gremios. Fedelonjas calificó la decisión de “carecer de un respaldo técnico sólido” y alertó sobre “efectos adversos sobre el mercado laboral formal, la inflación y el acceso a vivienda en Colombia”. Camacol, por su parte, expresó “profunda preocupación frente al incremento decretado de manera unilateral”, al argumentar que “rompe el principio de concertación social y genera riesgos significativos para el empleo formal, la estabilidad de precios y la asequibilidad de la vivienda”.

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Dicho incremento tiene un impacto inmediato en los precios máximos de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), cuyos valores están indexados al salario mínimo mensual legal vigente (smmlv). En la actualidad, el tope de la VIP es de 90 smmlv, equivalente a $157.581.450; la VIS general llega a 135 smmlv, es decir, $236.372.175; y en las principales ciudades el valor de la VIS alcanza 150 smmlv, que corresponden a $262.635.750.

De acuerdo con los gremios, cerca del 50% de las viviendas con licencia aprobada en el país hasta octubre de 2025 corresponden a vivienda social. Las familias que deban escriturar inmuebles VIS o VIP a partir de 2026 tendrán que asumir el nuevo precio final, incluso si el proceso de compra inició antes del anuncio, lo que representa un nuevo obstáculo para los hogares con menores ingresos.

El presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, destacó que “un ajuste de esta magnitud, sin una base técnica sólida y sin concertación, termina afectando a quienes busca proteger: los hogares de menores ingresos”. Añadió que, en el caso de la vivienda, esto significa “menos acceso, mayores costos mensuales y más presión financiera sobre las familias”.

Costos de construcción

Camacol, por medio de su presidente, Guillermo Herrera, detalló que “el incremento del salario mínimo eleva de forma directa los costos de construcción, tanto por el mayor valor de la mano de obra —que representa cerca del 25% de los costos directos— como por sus efectos indirectos sobre insumos, transporte y servicios asociados”.

De igual manera, el gremio estima que “este choque de costos podría generar un incremento cercano al 4% en los costos totales de construcción” y advirtió que “el impacto agregado en el precio de la vivienda podría acercarse al 10%”.

La solicitud de Gustavo Petro

De parte del Gobierno, la reacción es firme. El presidente Gustavo Petro hizo una dura solicitud por medio de X,

“Solicito a las empresas constructoras dejar de decirle a sus clientes que los precios de la vivienda se estudian para indexarlos al mismo porcentaje del salario vital, esa es una estafa delictiva”. Además, exigió que la Superintendencia de Vigilancia que investigue y sancione esas prácticas.

También cuestionó la lógica de trasladar de manera automática el aumento del salario a los precios de la vivienda. Afirmó que “el costo laboral en las construcciones es solo una parte del costo total de la construcción” y señaló que “muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio”, debilitando el argumento de un ajuste directo.

Reacciones a la publicación

Lo dicho por el mandatario generó todo tipo de reacciones. Por ejemplo, la exdirectora de la URF Mónica Higuera, pidió claridad en el asunto.

“Presidente: esto es algo en lo que deben trabajar para brindarle mayor claridad a las y los colombianos que desean hacer realidad el sueño de comprar su vivienda”, escribió la exfuncionaria.

Por su parte, el concejal Humberto Amín le pidió a Petro que “despierte”.

Respondió la publicación al decir que “usted es el único que cree que subiendo un 23% el salario mínimo las cosas no van a subir. Las viviendas VIS aumentarán su precio de forma drástica y créame Presidente Gustavo Petro, que a quiénes más afecta es a los estratos 1, 2 y 3. Despierte”.

Por qué no es una estafa

Mientras que la abogada Gloria Osorio, especialista en contratación estatal, señaló que eso no es una “estafa”, ya que el Decreto 949 de 2022, hoy vigente, define el valor de la Vivienda de Interés Social en salarios mínimos, no en pesos fijos, entre 90 y 175 smmlv (y hasta 280 smmlv en San Andrés).

“Eso significa que al subir el salario mínimo, el valor en pesos de la vivienda sube automáticamente por mandato normativo, no por decisión de los constructores”, apuntó. Destacó que los constructores no mintieron: aplicaron exactamente la regla que fijó el propio Gobierno.

“Si hay un problema de indexación, no es penal ni comercial: es regulatorio y de diseño de política pública”, apuntó. Aclaró Osorio que criminalizar a quienes cumplen la norma no corrige el error técnico. Según ella, solo traslada responsabilidades.

Desindexación del precio de la vivienda

Hace varios días, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció en diálogo con W Radio que “vamos a expedir un decreto de desindexación del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS) y de la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que hoy están atadas al incremento del salario mínimo, para evitar un fenómeno especulativo en un área que es muy importante para las familias de Colombia”.

Sanguino explicó que el objetivo de esta medida es desvincular los precios de la vivienda social del aumento salarial y cortar así el principal canal de transmisión de alzas de precios.

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