La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó a Constructora Bolívar con más de $1.306 millones por publicidad engañosa y retrasos en la entrega del proyecto Buenavista Living, en Bogotá.
Tras la decisión, la empresa respondió que ya entregó el 66% de los apartamentos y afirmó que las demoras se debieron a ajustes técnicos en el sistema constructivo.
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El caso gira alrededor de Buenavista Living, un complejo de vivienda ubicado en el sector de Colina Campestre, en el norte de Bogotá.
La SIC informó este 8 de mayo de 2026 que sancionó a Constructora Bolívar Bogotá S.A. tras encontrar irregularidades relacionadas con la información suministrada a los compradores y con los reiterados cambios en las fechas de entrega de los inmuebles.
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Según la entidad, la investigación comenzó luego de una visita de inspección realizada el 22 de octubre de 2024 y del análisis de cerca de 30 quejas presentadas por consumidores que adquirieron apartamentos en el proyecto.
De acuerdo con las conclusiones de la SIC, la constructora habría modificado en al menos tres oportunidades las fechas prometidas para la entrega y escrituración de las viviendas, situación que afectó las expectativas de los compradores.
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La autoridad también señaló que la empresa omitió información relevante sobre la condición de vivienda de interés social (VIS) de los apartamentos durante la etapa de promoción y comercialización.
“La investigación permitió establecer prácticas de publicidad engañosa y omisión de información relevante para los consumidores”, indicó la SIC al anunciar la sanción económica de $1.306.426.800.
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La entidad explicó que uno de los puntos centrales de la decisión fue que la información suministrada a los clientes podía inducir a error sobre las características y condiciones del proyecto inmobiliario.
La respuesta de la Constructora Bolívar
En respuesta al anuncio, Constructora Bolívar emitió un comunicado en el que defendió los avances de la obra y aseguró que el proyecto registra un importante nivel de ejecución.
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“Actualmente se han entregado 1.361 unidades de un total de 2.044 apartamentos, lo que representa un 66% de cumplimiento en las entregas y un avance de obra del 90%”, afirmó la empresa.
La constructora precisó además que el proceso de escrituración y entrega de viviendas comenzó desde abril de 2025 y sostuvo que ha mantenido comunicación permanente con los compradores afectados por los aplazamientos.
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Sobre las razones de las demoras, la compañía señaló que estas se originaron por ajustes técnicos realizados al sistema constructivo inicialmente previsto para el proyecto.
Según explicó en su pronunciamiento, las modificaciones se adoptaron tras recibir “recomendaciones técnicas respecto del sistema constructivo originalmente definido, formuladas por consultores sismistas y de diseños estructurales”.
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La empresa aseguró que dichas recomendaciones obligaron a replantear algunos procesos constructivos y derivaron en la reprogramación de las fechas de entrega inicialmente previstas.
No obstante, para la SIC, aunque las causas técnicas pudieran justificar ajustes en el cronograma, la constructora tenía la obligación de informar de manera clara y oportuna a los compradores durante las etapas de preventa y venta.
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La autoridad insistió en que la transparencia en este tipo de proyectos resulta fundamental, especialmente cuando se trata de vivienda de interés social, un segmento que involucra a familias que suelen comprometer buena parte de sus ingresos y ahorros en la adquisición de vivienda propia.
“La finalidad de estas actuaciones es garantizar que los consumidores cuenten con herramientas mínimas para tomar decisiones informadas en el marco de las relaciones de consumo”, señaló la entidad.
Constructora Bolívar también ofreció disculpas a los clientes que resultaron afectados por los cambios en las fechas de entrega. “A los clientes que experimentaron reprogramaciones les reiteramos nuestras disculpas por las molestias ocasionadas”, indicó la compañía, que además aseguró haber ofrecido alternativas a quienes decidieran desistir de la compra.
Según el comunicado, algunos compradores recibieron la posibilidad de obtener la devolución del 100% de los recursos entregados, aunque varios optaron por continuar vinculados al proyecto a pesar de las demoras.
La empresa también manifestó que atenderá las órdenes impartidas por la SIC y ejercerá su derecho de defensa dentro del proceso administrativo.
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