Incremento del salario mínimo decretado por Petro disparará el déficit fiscal de Colombia, aseguró el Comité de la Regla Fiscal

El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, establecido por el Gobierno mediante el decreto 1469 de 2025, provocó una advertencia significativa del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

De acuerdo con el organismo, el aumento del 23% para el próximo año incrementaría el déficit fiscal en al menos $5.3 billones en 2026, cifra que representa el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

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El Carf señaló que, a partir de 2027, el impacto ascendería como mínimo a $8 billones, equivalentes al 0,4% del PIB, lo que pondría en riesgo los esfuerzos por recuperar la disciplina fiscal y deterioraría la sostenibilidad de la deuda pública.

El Carf subrayó que el alza decretada en el salario mínimo representa un cambio de magnitud inusual frente al comportamiento histórico.

Según el comité, el salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) aumentó, en promedio, 1.2 puntos porcentuales en términos reales durante las dos décadas previas, considerando la inflación.

Sin embargo, el incremento previsto para 2026 implica una variación real cercana al 18.5%, un salto considerablemente superior a la tendencia de los últimos veinte años.

En su análisis, el Carf identificó los principales canales fiscales afectados por la medida. Por un lado, el aumento del Smmlv incidiría en el gasto de las pensiones del régimen de prima media para beneficiarios que reciben cerca del salario mínimo.

Asimismo, la subida impactaría los salarios de los funcionarios públicos que perciben ingresos equivalentes al mínimo, elevando las erogaciones estatales. En lo relativo a los ingresos, el incremento del salario mínimo podría traducirse en una reducción en el recaudo del impuesto de renta debido al mayor costo salarial.

El comité advirtió que sus cálculos actuales son solamente ejercicios preliminares y parciales, ya que existen otros factores no cuantificados que podrían elevar aún más el impacto fiscal estimado.

El Carf también puntualizó que las proyecciones podrán ser ajustadas si se dispone de nueva información relevante que modifique el escenario previsto.

El gobierno anuncia recorte presupuestal de 16.2 billones para 2026

El Gobierno de Colombia anunció un recorte presupuestal de $16.2 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2026, decisión formalizada mediante el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025 y atribuida a la caída del recaudo tributario, la imposibilidad de aprobar una ley de financiamiento en el Congreso y la declaratoria de emergencia económica.

La medida, que restringirá la ejecución de programas en sectores clave, fue adoptada para evitar el incumplimiento de la regla fiscal y obligará a todas las entidades estatales, tanto centrales como descentralizadas, a realizar inmediatamente ajustes contables y financieros.

Este ajuste impacta especialmente a áreas como educación superior, donde el programa de “Calidad y fomento de la educación superior” registró una reducción de más de $1.38 billones, y compromete a instituciones como la Superintendencia de Notariado y Registro, que enfrentará una disminución de $210.000 millones en su presupuesto.

La decisión gubernamental se produce en un contexto de presiones inéditas sobre las finanzas públicas, que se mantienen deficitarias y sin el flujo de caja suficiente para garantizar el gasto originalmente planeado, según informó el Ministerio de Hacienda.

El documento oficial subraya que el “recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”, lo que refuerza la urgencia de ajustar las erogaciones al ingreso estatal real.

De acuerdo con las cifras establecidas en el Decreto 1477, el presupuesto total de 2026 asciende a 546.97 billones de pesos, la mayor cifra registrada hasta la fecha, aunque algunas partidas permanecen desfinanciadas.

En paralelo, la reducción también afecta recursos asignados a la Presidencia, con un ajuste superior a $122.000 millones, repercutiendo sobre el Fondo Colombia en Paz, iniciativas de derechos humanos y proyectos de modernización tecnológica.

Además, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) se verán forzados a reducir el ritmo de obras de infraestructura y reformas agrarias, mientras que tanto el Instituto Nacional de Salud (INS) como Invima operarán con menores fondos para funcionamiento y adquisición de bienes.

Desde el Ejecutivo, se prevé recaudar 16.3 billones mediante nuevos tributos durante el estado de emergencia económica, con el fin de financiar las políticas previstas por el presidente Gustavo Petro. La presión sobre el manejo de los recursos públicos y la ejecución estatal se profundizará durante 2026, especialmente en áreas sociales y de inversión estratégica.

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