Gustavo Petro anunció programa nacional para que los taxis pasen a ser eléctricos: incluye incentivo económico

El presidente Gustavo Petro anunció un programa nacional para que cerca de 54.000 taxistas adopten vehículos 100% eléctricos, con el objetivo de transformar la movilidad urbana y reducir la dependencia de combustibles fósiles.

La iniciativa, divulgada por el mandatario a través de la red social X, prevé la sustitución de los taxis que operan con gasolina, diésel o gas por modelos eléctricos, respaldados por un incentivo económico directo para los propietarios.

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“Entregaremos 52 millones a cada propietario de taxi a gasolina, diesel o gas que lo cambie a eléctrico. Los precios bajan y la rentabilidad aumenta, es con la tecnología y no con la sobrexplotación de quién trabaja que se aumentan las ganancias(sic)”, expresó el mandatario.

Acto seguido recordó que durante su etapa como alcalde de Bogotá implementó una medida similar. “Hice en Bogotá humana el piloto de prueba con 50 taxis eléctricos y aún andan en la ciudad”, expresó.

Petro señaló que el programa incluye un componente arancelario: Colombia aplicará un incremento del 40% en los aranceles de importación para automóviles y motocicletas que utilizan hidrocarburos, con la intención de fomentar la industria nacional y la producción local de vehículos eléctricos y sus componentes.

La propuesta forma parte de una estrategia gubernamental que apunta a modernizar el sector del transporte y a reducir las emisiones contaminantes. Además, la administración nacional busca que el ensamblaje y fabricación de partes, incluidos los motores eléctricos, se realicen en el país, incentivando así la inversión y el desarrollo tecnológico local.

Así le fue al programa de taxis eléctricos que implementó Petro en Bogotá

Las primeras reacciones en torno a lo manifestado por Petro se dirigieron a cuestionar, precisamente, los resultados que arrojó esta propuesta en su día en Bogotá, que se presentó como un acto pionero en Latinoamérica.

Tras firmar la resolución en 2011, en 2013 se puso en marcha la iniciativa que concluyó en agosto de 2024 con un balance favorable en cuanto a la reducción de impacto ambiental, pero con una ejecución que generó dudas entre conductores y propietarios.

La iniciativa, apoyada por la entonces administración, Codensa (hoy Enel-Codensa), la Clinton Climate Initiative, las secretarías de Movilidad y Ambiente y la empresa fabricante BYD, contemplaba la renovación de la flota de taxis contaminantes mediante la introducción de 50 vehículos BYD E6 eléctricos, aunque finalmente solo circularon 43 automóviles de color azul y blanco.

Una de las metas centrales era evaluar el rendimiento de los taxis eléctricos en condiciones reales de trabajo, analizando factores como la autonomía, la eficiencia y la infraestructura de recarga disponible en Bogotá.

Los propietarios se beneficiaron por 10 años de la exención de pago de cupo y de las restricciones de pico y placa. No obstante, surgieron dificultades en el acceso a créditos con tasas preferenciales, lo que complicó la adquisición de los vehículos, cuyo coste ascendía a aproximadamente $85 millones cada uno.

Con el paso de los años, los participantes reportaron costos de mantenimiento y repuestos entre dos y cinco veces superiores a los de un taxi a gasolina. La situación se agravó con retrasos considerables en la reparación de unidades, llegando en algunos casos a hasta tiempos de 10 meses sin operar.

En declaraciones recogidas por El Espectador, el gerente de la marca BYD, Juan Luis Mesa, defendió que a pesar de las dificultades específicas, “es difícil argumentar que durante el piloto no se hayan recuperado los costos de inversión”, dado el ahorro energético. Subrayó que los dueños de los taxis estuvieron exentos de pagar combustible durante casi la totalidad de la prueba, lo cual representa un beneficio económico relevante, aunque reconoció que algunos problemas estuvieron ligados a la falta de recursos por parte de los propietarios o al mal uso de la infraestructura.

Factores como las dificultades para el mantenimiento de los vehículos —derivado de la falta de repuestos locales y ausencia en capacitación técnica para mecánicos—, a lo que se sumó la volatilidad del dólar. Añadió que uno de los mayores riesgos fue no contar con una mano de obra calificada, lo cual prolongo los tiempos sin servicio y reduce la viabilidad del negocio. El desgaste prematuro de las baterías y la ausencia de una legislación que regulara su disposición final también fueron dificultades que tuvo dicho proyecto.

En el terreno ambiental, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que, entre 2013 y 2019, el piloto evitó la emisión de 3.350 toneladas de dióxido de carbono, validando sus beneficios frente al cambio climático. El organismo consideró que la experiencia demuestra la viabilidad de ampliar la flota eléctrica, siempre que se resuelvan los retos expuestos: garantizar repuestos, mano de obra calificada y condiciones impositivas adecuadas.

No obstante, la falta de continuidad en las alcaldías posteriores, la disminución de puntos de carga y la ausencia de una política nacional coherente limitaron la expansión del modelo.