El exministro de Petro Juan Fernando Cristo criticó el aumento del salario mínimo: “Sí, pero no así”

La decisión del Gobierno colombiano de decretar un aumento del salario mínimo del 22,7 % para 2026 sigue generando reacciones encontradas en el escenario político y económico.

Una de las críticas más contundentes provino del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien advirtió que el incremento representa “un riesgo enorme” para el empleo, la informalidad y la economía de millones de hogares.

Cristo, exsenador y actual precandidato presidencial, cuestionó la magnitud del ajuste decretado por el presidente Gustavo Petro, al considerar que rompe con la línea de aumentos graduales aplicada en los últimos años.

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A su juicio, aunque es válido incrementar el salario mínimo por encima de la inflación para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, el porcentaje fijado para 2026 resulta desproporcionado y potencialmente dañino.

“Subir el salario mínimo por encima de la inflación sí, pero no así”, escribió Cristo en X, marcando distancia de la estrategia adoptada por el Ejecutivo.

En sus mensajes, recordó que el país venía aplicando una política que calificó como exitosa, basada en incrementos moderados, varios puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que permitía mejorar el ingreso real sin generar choques abruptos en el mercado laboral.

El exministro enfatizó que el aumento decretado para 2026 cuadruplica la inflación registrada este año y supera ampliamente las propuestas que se discutieron durante la fallida mesa de concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores.

Incluso, señaló que el incremento va varios puntos porcentuales por encima de la solicitud presentada por las centrales obreras, lo que, en su concepto, evidencia un quiebre en la lógica técnica que históricamente ha orientado la fijación del salario mínimo en Colombia.

Uno de los principales temores expresados por Cristo es el impacto que la medida podría tener sobre el empleo formal.

En su publicación, advirtió que un aumento tan elevado de los costos laborales puede incentivar la informalidad y afectar la generación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores con menor capacidad financiera.

“Esta medida genera un riesgo enorme de crecimiento de la informalidad y el desempleo”, afirmó, aludiendo a un problema estructural que ya afecta a más de la mitad de la población ocupada en el país.

Cristo también llamó la atención sobre los efectos colaterales del decreto, que van más allá del salario de quienes devengan el mínimo.

Según explicó, el incremento podría perjudicar a un segmento de los pensionados cuyas mesadas se ajustan con base en la inflación y no en el salario mínimo, generando una brecha adicional en su poder adquisitivo frente al aumento general de precios que podría derivarse del alza salarial.

El impacto en las empresas, particularmente en las micro, pequeñas y medianas, fue otro de los puntos centrales de su crítica. El exministro recordó que este tipo de compañías concentra cerca del 80 % del empleo formal en Colombia y advirtió que un aumento abrupto del salario mínimo podría tensionar seriamente sus finanzas.

Para Cristo, la experiencia de los años anteriores demuestra que la gradualidad es clave.

“El aumento moderado de varios puntos por encima de la inflación en los años anteriores ha sido positivo”, sostuvo en X, al contrastar ese enfoque con lo que considera una decisión apresurada y de alto riesgo para 2026. Desde su perspectiva, el nuevo salario mínimo podría traducirse en mayores precios, menor contratación formal y un impacto negativo en el bolsillo de millones de colombianos.

Las declaraciones de Cristo se conocieron en medio de la oficialización del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro estableció un aumento del 22,7 % en el salario mínimo legal vigente para 2026.

Con esta decisión, el salario mínimo mensual quedó en $1.750.905, al que se suma un auxilio de transporte de $249.095, lo que eleva el ingreso total a cerca de $2 millones mensuales para quienes devengan el mínimo. Se trata del mayor incremento nominal registrado en décadas.

El Gobierno adoptó la medida luego de que fracasaran las negociaciones en la mesa de concertación entre empresarios, trabajadores y el Ejecutivo.

El plazo legal para alcanzar un acuerdo venció sin consenso, con propuestas empresariales cercanas al 7 % y solicitudes sindicales en torno al 16 %. Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por fijar el salario mínimo por decreto, por tercer año consecutivo.

Desde el Gobierno, la decisión ha sido defendida como una apuesta por avanzar hacia el concepto de “salario mínimo vital”, orientado a garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias.

El presidente Petro ha insistido en que el aumento del ingreso mínimo fortalece la demanda interna, impulsa el consumo y favorece el crecimiento económico, al permitir que los hogares tengan mayor capacidad de gasto.

El Ejecutivo también ha señalado que el cálculo del aumento tuvo en cuenta variables como la inflación, la productividad y estudios sobre el costo de la canasta básica familiar.

De acuerdo con esta visión, el salario mínimo vigente aún presenta una brecha significativa frente a los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio en Colombia, lo que justificaría un ajuste más ambicioso.

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