Obras detenidas, dinero girado y apenas el 2% de avance: así va el plan del Gobierno para llevar tecnología a las regiones

De los 60 Centros PotencIA, espacios físicos equipados con tecnología de punta donde cualquier ciudadano —desde estudiantes hasta emprendedores— puede aprender, experimentar y desarrollar soluciones basadas en IA, que el Gobierno nacional prometió construir en todo el país, prácticamente no hay nada levantado.

La Contraloría General de la República reveló que el avance real de los contratos de obra es de apenas el 2,09%, correspondiente a una etapa inicial de estudios, diseños, licencias y permisos que, a la fecha, ni siquiera ha concluido. Las obras llevan paralizadas desde noviembre de 2025.

Para entender la magnitud del problema, hay que decir que el gobierno destinó $234.399 millones de pesos para construir estos centros en distintas regiones del país. La idea era que cada año pudieran beneficiarse de ellos cerca de 7 millones de personas, entre ellas más de 1,5 millones de estudiantes.

Serían espacios equipados con acceso a tecnologías como la inteligencia artificial, pensados para cerrar la brecha digital entre quienes tienen acceso a internet y tecnología y quienes no. Hoy, ese dinero está comprometido y las obras no avanzan.

El seguimiento lo inició la Contraloría el 20 de enero de 2026, tras detectar señales de alerta desde el año anterior. El objeto del escrutinio es el Contrato Interadministrativo 1872, firmado el 13 de septiembre de 2024, y sus contratos derivados.

El ente de control identificó que antes de empezar a construir, el gobierno no había conseguido los terrenos en regla ni los permisos necesarios. Y cuando debía arrancar la obra, todo se detuvo. Ese freno no es menor, ya que cada mes que pasa sin avance es un mes menos de acceso a tecnología para comunidades que ya llevan años esperando ese tipo de infraestructura.

El reporte de la Contraloría distingue dos cifras que conviene no confundir. El avance general del programa, que incluye trabajo administrativo y de planeación realizado por Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial S.A.), llega al 17,71%. Pero el avance de lo que realmente importa —la construcción física de los centros— es del 2,09%. Esa diferencia entre el trabajo en papel y la realidad sobre el terreno es lo que el ente de control pone bajo la lupa.

En materia de dinero, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ya giró $4.056 millones a Findeter. El comunicado señala que esta entidad “deberá rendir cuentas” sobre esos recursos.

Adicionalmente, se autorizaron pagos por interventoría —es decir, por la supervisión de las obras— por $37,4 millones, a pesar de que las obras no avanzan. En otras palabras, se está pagando por vigilar una construcción que no ocurre.

La Contraloría también advirtió sobre un riesgo adicional, y es la permanencia prolongada de recursos en fiduciarias, situación que, según el ente de control, “puede afectar los principios de eficiencia, economía y oportunidad del gasto público, generando costos de oportunidad y retrasando el impacto esperado en la ciudadanía”.

Ante este panorama, el ente de control solicitó información detallada tanto al MinTIC como a Findeter sobre la ejecución de los recursos, con el fin de evaluar la gestión fiscal y verificar la administración del patrimonio público.

También lanzó un llamado formal al Ministerio para que su gestión “se fundamente en los principios de eficiencia, eficacia, economía y equidad, orientándose a maximizar resultados y garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa”.

Los objetivos, vale recordarlo, no son menores: llevar tecnología de punta a las regiones más apartadas del país, formar a estudiantes y ciudadanos en herramientas digitales y posicionar a Colombia en la era de la inteligencia artificial. Todo eso está en pausa.

“Toda demora en la ejecución de este proyecto impacta negativamente en la reducción de la brecha digital, la implementación de infraestructura para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, y la generación de capacidades digitales en las regiones, afectando el desarrollo social, económico y competitivo del país”, advirtió la Contraloría en su comunicado del 6 de abril de 2026.

El programa sigue bajo seguimiento permanente del ente de control, que mantiene vigilancia sobre cada peso comprometido en el proyecto.