La candidata presidencial Paloma Valencia criticó con dureza el rumbo de la seguridad en Colombia, señalando que el país enfrenta una cifra aproximada de 30.000 hombres en armas, al cierre del actual gobierno. En su análisis, la pérdida de capacidades militares y de inteligencia ha dejado al Estado en franca desventaja frente a los grupos ilegales.
Valencia advirtió que el debilitamiento de la fuerza pública se refleja en la salida de más de “150 generales”, así como en la imposibilidad de incorporar nuevos efectivos. “Tenemos destruidas todas las capacidades de la fuerza”, afirmó, y destacó que ni siquiera se realiza mantenimiento de helicópteros o aviones, lo que en su opinión agrava la crisis de seguridad, según lo dicho en la entrevista en Caracol Radio.
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En el contexto de la reciente decisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de imponer un ‘juicio revolucionario’ a agentes del CTI y policías secuestrados, Valencia insistió en que “todos los grupos ilegales son ilegales y tienen que ser perseguidos”, rechazando cualquier distinción entre organizaciones armadas.
El anuncio del ELN de someter a juicio revolucionario a funcionarios secuestrados desde mayo de 2025 reavivó el debate sobre la política de paz y el manejo del orden público. El grupo armado mantiene privados de la libertad a miembros de las fuerzas estatales, prolongando su cautiverio bajo justificaciones políticas, lo que ha generado rechazo y preocupación en distintos sectores.
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Para Valencia, la responsabilidad recae en el Gobierno Petro, al que atribuye el “fracaso de la paz total”. Según la candidata, “lo que hicieron fue levantarle las órdenes de captura a los bandidos en el primer año y medio del Gobierno”, lo que habría permitido la expansión de los grupos armados.
La dirigente del Centro Democrático alertó que la inteligencia estatal quedó en manos de personas vinculadas a “Calarcá”, y que la Unidad de Inteligencia Financiera (Uiaf) también habría sido entregada a fichas de este actor. En sus palabras, “perdimos la inteligencia”, lo que ha facilitado la acción de las estructuras ilegales.
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Valencia fue tajante al señalar que actualmente “los grupos ilegales tienen más drones que el Gobierno de Colombia, y el Gobierno de Colombia no tiene, ni siquiera, equipos anti-drones”. Esta brecha tecnológica, sostuvo, es un reflejo del rezago estatal en materia de defensa y vigilancia.
El desafío del discurso y la justicia
La exsenadora advirtió sobre el peligro de permitir que grupos armados impongan su propia justicia. “Este país no puede volver a caer en el discurso de que los grupos ilegales, como lo hizo el M-19, pueden hacer juicios revolucionarios y, en unos casos, ordenar el asesinato de sindicalistas y, en otros, decidir que van a mantener secuestrados 3, 5 y 7 años a los colombianos”, afirmó.
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Valencia concluyó que el Estado debe restablecer la inteligencia y la presión militar para recuperar el control territorial y liberar a los secuestrados. “Aquí tiene que haber inteligencia para que podamos volver a recuperarlos, inteligencia para meter en la cárcel a los bandidos, y hay que poner presión militar sobre las estructuras armadas para que se tengan que replegar de los lugares donde hoy están”, sentenció.
En suma, la candidata del Centro Democrático considera imprescindible una reforma integral de la política de seguridad, con el fortalecimiento de la fuerza pública, la recuperación de capacidades de inteligencia y una lucha frontal contra las economías ilícitas, como única vía para devolver la tranquilidad a Colombia.
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El análisis de Paloma Valencia resalta la urgencia de fortalecer las instituciones de seguridad en Colombia, ante el avance de los grupos armados y la pérdida de control estatal. Su planteamiento subraya la necesidad de adoptar medidas estructurales que permitan recuperar la capacidad operativa del Estado y garantizar la protección de la ciudadanía frente a la criminalidad organizada.
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