El politólogo y aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Josías Fiesco presentó la primera demanda ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 en Colombia.
La acción judicial se radicó mientras continúa el debate sobre el impacto de la decisión adoptada por el Gobierno nacional.
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“PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA. Demandamos ante el Consejo de Estado el acto administrativo con el que Petro se burla de los trabajadores (sic)”, comunicó el activista y opositor del Gobierno Petro.
Fiesco cuestionó la medida y expresó que el aumento carece de sustento técnico suficiente. “Gustavo Petro sigue burlándose en la cara de los trabajadores colombianos”, afirmó el politólogo al anunciar la demanda.
El demandante sostiene que el ajuste del salario mínimo solo traerá consecuencias negativas para la economía y los hogares.
Para Fiesco, el incremento salarial provocará un encarecimiento de los arriendos, matrículas y transporte público de hasta un 23 %, lo que afectará a distintos sectores.
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En la acción presentada ante el Consejo de Estado, el demandante advirtió sobre el impacto en la informalidad laboral.
“Hoy, de cada diez colombianos, seis ya están en la informalidad. Con este aumento, donde muchos tendrán que ser despedidos, aumentará a ocho de cada diez colombianos en la informalidad”, expuso Fiesco.
El acto administrativo impugnado fue expedido por el Gobierno de Gustavo Petro y se encuentra bajo revisión judicial, mientras distintos sectores evalúan los efectos del nuevo salario mínimo sobre el empleo y la estabilidad económica en Colombia.
Cuánto le costará cada trabajador con el nuevo mínimo
Con este ajuste, el costo total para las empresas por cada trabajador superará $2,8 millones mensuales debido a cargas prestacionales y parafiscales asociadas, de acuerdo con un análisis que publicó el medio económico La República.
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El Gobierno Nacional optó por decretar el aumento ante la falta de consenso entre empresarios y centrales obreras. El nuevo salario mínimo, junto con el subsidio de transporte, eleva el ingreso mensual a $2.000.000 para quienes reciben el salario base.
El costo empresarial por cada empleado formal no se limita al salario base. Las compañías deben asumir, además del salario y el auxilio de transporte, aportes a salud, pensión, riesgos laborales, primas, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones.
De acuerdo con el medio, el gasto mensual de un empleador se compone de $166.600 en primas, $166.600 en cesantías, $20.000 en intereses de cesantías y $73.012 en vacaciones.
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El pago a la seguridad social también experimenta un aumento. El empleador cubre el 8,5% del salario en salud, que ahora representa $148.826,93.
Para pensión, el aporte patronal asciende al 12%, equivalente a $210.108,60. El aporte a riesgos laborales varía según el nivel de riesgo, con un valor base para el nivel 1 de $9.139,72. La suma de estos componentes, junto con los parafiscales, eleva el costo mensual a cerca de $2,3 millones por trabajador, antes de considerar otros factores.
Según explicó en La República la directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Juliana Morad, este aumento puede tener implicaciones en el mercado laboral formal, como el crecimiento del empleo a tiempo parcial, la migración, una caída en la cantidad de cotizantes a la seguridad social y un aumento de la informalidad.
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El monto de la prima legal, que se paga en dos cuotas anuales, equivale al 50% del salario más auxilio de transporte, alcanzando $1.083.300 para quienes perciben el mínimo en 2026.
Las cesantías anuales corresponden a un salario mensual más el auxilio de transporte, totalizando $2.000.000. Los intereses sobre las cesantías equivalen al 12% anual de ese monto, lo que representa $240.000 al año, o $20.000 cada mes.
Las vacaciones representan el 50% del sueldo, descontando el auxilio de transporte, y con el ajuste se calculan en $73.012,74 mensuales. Sumando todos los conceptos legales y prestacionales, el costo total que asume la empresa por cada empleado mínimo asciende a $2.864.324 mensuales.
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La socia de Quintero y Quintero Asesores, Saida Quintero Martínez, explicó en declaraciones recogidas por el medio que no existen diferencias en el cálculo de prestaciones sociales entre contratos a término fijo e indefinido, pues ambos están sujetos a la misma normatividad laboral.
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