Nueve personas señaladas de presuntamente participar en un entramado de corrupción fueron capturadas en el marco de una investigación coordinada por la Fiscalía General de la Nación. Entre los detenidos se encuentran cuatro funcionarios de la Policía Nacional, dos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres particulares que habrían ejercido funciones en la Sijin y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Las autoridades atribuyen a este grupo el cobro de altas sumas de dinero a cambio de influir en procesos de lavado de activos.
De acuerdo con información divulgada por la Fiscalía, las capturas se llevaron a cabo en diferentes puntos del país como lo son Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta). El procedimiento estuvo a cargo de un Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía que adelantó actividades investigativas para desmantelar la organización.
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Entre los capturados figuran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, todos integrantes de la Dijin de la Policía Nacional.
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También fueron detenidos otros funcionarios como Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, servidores del CTI, así como Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez, exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec.
Exigencias económicas y manipulación de procesos
Los implicados presuntamente exigieron pagos que oscilaron entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares. El objetivo era impedir la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, evitar órdenes de captura y obstaculizar otras acciones judiciales.
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La Fiscalía ha documentado hechos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025. En varios de estos eventos, los implicados se reunieron con las víctimas en Bogotá y Villavicencio (Meta), donde presentaron información reservada sobre procedimientos judiciales para ejercer presión e incrementar los cobros ilegales.
Eliminación de pruebas y presión a testigos
El ente de control también informó que, como parte de su accionar, algunos de los integrantes de la red eliminaron elementos materiales probatorios y evidencias con el fin de alterar el curso normal de las investigaciones. Además, constriñeron testigos para que entregaran datos falsos sobre los familiares del hombre que cumplió condena en Estados Unidos, en retaliación por la falta de pago de las sumas solicitadas.
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La investigación también señala que los detenidos intimidaron a uno de los investigadores líderes para acceder a detalles de los procesos de su interés, lo que permitió a la red interferir en el desarrollo de varias diligencias judiciales.
Delitos atribuidos y proceso judicial
Según detalló el ente de control, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que integran el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, imputarán a los detenidos los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
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Las autoridades han señalado que este caso pone en evidencia la capacidad de infiltración de redes de corrupción en organismos judiciales y de seguridad, así como los riesgos que representan para la transparencia institucional.
Próximas diligencias
De acuerdo con lo que ha reportado la fiscalía, los nueve capturados permanecen a disposición de la autoridad judicial competente mientras avanzan las audiencias de imputación y se continúan recolectando elementos materiales probatorios. La Fiscalía indicó que el proceso de judicialización seguirá su curso y que no se descarta la identificación de más personas vinculadas a la red.
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