
El debate sobre el ausentismo en el Congreso de la República tomó un giro polémico tras la solicitud del presidente Gustavo Petro al Senado y la Cámara de Representantes.
En medio de un lento avance legislativo y la denuncia de que las ausencias recurrentes de los congresistas están afectando el funcionamiento de las plenarias, el jefe de Estado instó a las mesas directivas de ambas Cámaras a enviar al Consejo de Estado las listas de inasistencias.
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La respuesta fue inmediata: el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, respondió a las declaraciones del mandatario y aclaró que el Ejecutivo no tiene injerencia en la verificación del cuórum ni en la fiscalización de las faltas de los congresistas.
“He leído su trino, señor Presidente @petrogustavo. Con el respeto debido, le recuerdo que usted no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas”, publicó el presidente del Senado en su cuenta en la red social X.
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Lidio García agregó a su mensaje que “el Congreso es una rama autónoma e independiente del poder público, y el control de sus miembros corresponde exclusivamente a cada Cámara”.
De esta manera, el senador liberal hizo énfasis en que el Congreso de la República es una entidad autónoma e independiente del poder Ejecutivo, por lo que destacó que cualquier intento de intervención por parte del Gobierno nacional sobre sus procesos internos debe ser descartado.
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“El Gobierno puede enviar mensajes de urgencia, y los tramitaremos conforme a la ley. Pero la vigilancia de las asistencias es asunto interno nuestro. Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional”, se lee en el post de García.
El legislador afirmó que, desde el Congreso y especialmente desde el Senado que él preside, hay disposición para discutir cualquier proyecto de ley. Sin embargo, aclaró que existen ciertos temas prioritarios según lo establecido en la Constitución, los cuales serán atendidos primero.
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El trasfondo del conflicto: el Gobierno contra el ausentismo legislativo
La plenaria de Senado y la de Cámara no lograron sesionar con normalidad por falta de quórum o por rupturas tempranas que obligan a levantar las jornadas del 1 de mayo; el balance del último mes y medio dejó pocos proyectos discutidos y una agenda que avanza a paso lento.
Frente a esa situación, el presidente Gustavo Petro intervino con un llamado directo a las mesas directivas, por lo que el mandatario pidió acciones frente al ausentismo y advirtió sobre sus efectos en el trámite legislativo, en especial en iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
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“Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencia”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X. En su mensaje, hizo referencia a la posibilidad de pérdida de investidura para quienes incumplan de forma reiterada.

La normativa vigente establece que un congresista puede perder su curul si no asiste, en un mismo periodo, a seis plenarias en las que se voten proyectos, actos legislativos o mociones de censura. Además, esa sanción implica la imposibilidad de aspirar de nuevo a cargos de elección popular.
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El presidente insistió en que el ausentismo afecta el curso de reformas clave: “El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”.
Así reaccionó el ministro del Interior a la solicitud del presidente Petro
Ante esta solicitud, el ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó un oficio ante las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes con una petición concreta: aplicar el reglamento vigente para sancionar a quienes no asisten de forma reiterada.
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El documento plantea que existen herramientas legales suficientes para enfrentar esta conducta. En esa línea, solicita activar mecanismos que ya figuran en la Constitución y en la ley, con el fin de corregir prácticas que, según el Gobierno, debilitan la actividad parlamentaria.

Entre las medidas que propone el oficio aparece el reporte de los casos al Consejo de Estado, la aplicación de descuentos salariales y la remisión de la información a las comisiones de ética. La intención apunta a que las sanciones no queden en advertencias y que tengan efectos concretos.
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El texto recuerda lo establecido en la Constitución sobre la pérdida de investidura. Allí se señala: “Los congresistas perderán su investidura (…) por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.
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