11 días después del operativo de las autoridades que reveló la presencia del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano, en un hotel en Bogotá que servía como centro de operaciones para secuestro, tortura, extorsión y homicidio, se conocieron nuevos detalles del funcionamiento del supuesto establecimiento de turismo.
Según el reporte judicial entregado por las autoridades, fueron incautados bienes por un valor total de 8.100 millones de pesos, relacionados con actividades ilícitas que se desarrollaban en el establecimiento conocido como Hospedaje Sandra o Los Potrillos, ubicado en el barrio Llano Grande de Kennedy.
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De acuerdo con los documentos citados por el diario nacional, los cabecillas del Tren de Aragua arribaban desde Venezuela y se alojaban en el hotel, desde donde coordinaban el control territorial y la planificación de delitos que afectaban tanto a la capital colombiana como a otras ciudades. La Fiscalía registró reuniones en las que se discutía la división de zonas para actividades de sicariato y distribución de drogas.
Interceptaciones telefónicas consignadas en el expediente confirman que el inmueble, oficialmente registrado como Hospedaje Sandra, era conocido como Los Potrillos entre los integrantes de la banda.
Un informante relató a las autoridades que el hotel operaba como base para organizar la defensa contra bandas rivales, destacando un posible enfrentamiento con el Clan del Golfo.
El testimonio recogido en el expediente judicial explica que nuevas células del Tren de Aragua, junto con grupos como Los Paisas y Los Cartuchín, se mantenían vigilantes ante rumores sobre la llegada de emisarios del Clan del Golfo con la intención de tomar control del negocio de estupefacientes en la zona.
Este clima de tensión, sumado a la expectativa de enfrentamientos violentos, generó una respuesta de alerta máxima en las fuerzas de seguridad de Bogotá.
“En el hotel Potrillos se están quedando unos nuevos integrantes del ‘Tren de Aragua’ que llegaron y estos manes son los que están rondando ‘La 38’ (el San Andresito de la zona) para no dejarse quitar terreno de los paisas”, comentó uno de los testigos.
Las evidencias reunidas en la investigación documentan que en los pisos altos de Los Potrillos permanecían encerrados comerciantes secuestrados hasta que sus familiares efectuaban pagos extorsivos.
Uno de los casos más notorios es el de Cristian David Monroy, comerciante del club Nine Face III, quien fue llevado al hotel en contra de su voluntad y torturado; los hechos quedaron grabados en video. Aunque se transfirió parte del monto exigido, nunca se obtuvo información sobre su paradero y, posteriormente, su cuerpo apareció con señales de violencia en un lote de Bosa.
La administración del hotel estaba a cargo de Raúl Sánchez Cárdenas (alias Raúl y alias Chacero), junto con su compañera sentimental Jaidy Gutiérrez Viuche (alias Johana), señalados como figuras clave dentro de la estructura criminal, como detalló El Tiempo.
Las cámaras de seguridad y otros documentos demuestran que ambos participaban en el cobro de extorsión a trabajadoras sexuales y comerciantes del San Andresito de la 38, bajo amenazas de tortura.
Además, la policía y la Fiscalía capturaron a por lo menos cinco integrantes adicionales del Tren de Aragua por delitos como concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico de estupefacientes.
La operación incluyó la incautación de cinco inmuebles adicionales, entre ellos clubes nocturnos y sedes de sindicatos fachada, ubicados en Kennedy y Bosa. El valor total de estos bienes superó los 8.100 millones de pesos.
Las autoridades judiciales también cancelaron las matrículas de dos sociedades vinculadas a estas actividades ilegales, mientras desarrollaban allanamientos y aseguramientos. Entre los predios figura el Club Majestic, señalado como depósito de armas de fuego utilizadas por la organización.
Paralelamente, las autoridades colombianas intentan debilitar su poder económico mediante la extinción de dominio y la transferencia de los predios a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Sobre el futuro de los bienes incautados, Amelia Pérez, presidenta de la SAE, señaló a El Tiempo que la entidad los administrará bajo normativa legal estricta, con el objetivo de impedir su reutilización para hechos criminales y procurar que contribuyan al interés general y la reparación social.
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