Gobierno Petro podría sufrir revés ante la movida de las empresas frente a los nuevos impuestos de la emergencia económica

El Consejo Gremial Nacional (CGN) solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto expedido por el Gobierno de Gustavo Petro bajo el estado de emergencia económica, al advertir que la medida incumple los requisitos constitucionales y genera riesgos sustanciales para la estabilidad institucional en Colombia. El llamado del “gremio de gremios” se produjo tras el fracaso de la última reforma tributaria en el Congreso de la República, preciso en un momento de alta tensión entre los gremios empresariales y el Gobierno de Gustavo Petro.

En el mismo se enfatizó en que el decreto de emergencia “no satisface los requisitos constitucionales necesarios para la declaración de estados de excepción”, en referencia expresa al artículo 215 de la Constitución.

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De acuerdo con la organización que lidera el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, “es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215”. Asimismo, se afirmó que la situación fiscal actual “es previsible sobre la cual se vienen haciendo advertencias desde los años 2024 y 2025 al discutir los correspondientes presupuestos de la Nación”, con lo que se descarte que se trate de un hecho sobreviniente o imprevisible.

Además, cuestionó la proporcionalidad y la necesidad del decreto al resaltar que existen mecanismos ordinarios disponibles: “El Gobierno nacional hoy cuenta con mecanismos ordinarios que están consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros del presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos”, argumentó el CNG.

Ante esto, instó a la Corte Constitucional “a que, ante una declaratoria de emergencia económica durante la vacancia judicial, pueda excepcionalmente analizar y decidir con inmediatez sobre la suspensión provisional de los efectos del decreto”, a fin de “prevenir perjuicios irremediables a la economía, los cuales tienen efectos irreparables para todos los colombianos de manera directa”.

Peligro del estado de emergencia

De igual forma, alertó sobre el peligro que supondría permitir el uso del estado de emergencia para legislar en materia estructural sin control democrático: “Desconocer las normas de la emergencia tendría efectos perjudiciales sobre la economía y el ordenamiento institucional”, advirtió.

Preocupaciones de los sectores

Otros gremios respaldaron la petición del Consejo. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, envió una carta a la Corte en la que advirtió que “los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos, capaces de consolidar situaciones cuya reversión posterior puede resultar compleja, incluso ante una eventual declaratoria de inexequibilidad”.

Sostuvo que “aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción, vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”.

Agilidad al análisis judicial

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, solicitó agilidad en el análisis judicial. “Respetuosamente queremos solicitar a la Corte Constitucional en su discreción y conforme a su reglamento, que permita sesionar excepcionalmente en días no laborales cuando circunstancias especiales lo exigen, consideren convocar una sesión especial extraordinaria para abordar con prioridad este debate constitucional”, manifestó.

Desde el sector nocturno, la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares) mostró rechazo a cualquier incremento de impuestos a los licores debido al decreto, al considerar que estas medidas harían que se “afecte directamente el comercio formal y el empleo”. Alertó sobre posibles caídas en las ventas legales, incremento del contrabando, pérdida de empleos —especialmente de jóvenes y mujeres— y mayor informalidad en la economía nocturna.

Postura de Gustavo Petro

El Ejecutivo, encabezado por el presidente Gustavo Petro, defendió la necesidad del decreto de emergencia ante el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, que contemplaba un recaudo de $16,3 billones para cubrir el déficit en el presupuesto general de 2026, aprobado por $546,9 billones.

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, “fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso, y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia”.

La reacción de Gustavo Petro a las solicitudes gremiales no se hizo esperar y fue bastante crítica. El mandatario puntualizó: “¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?”.

Además, cuestionó el rol de los sectores empresariales en el financiamiento de la seguridad nacional: “¿La seguridad es que los pobres pongan sus hijos y los pobres pongan el dinero para comprar las armas que se necesitan? El pacto social es un pacto de seguridad”.

Procedimiento judicial y fundamentos de la Corte Constitucional

A pesar de las presiones, la Corte Constitucional resolvió no pronunciarse de inmediato sobre la suspensión del decreto y decidió esperar la finalización de la vacancia judicial —vigente hasta el 13 de enero— para iniciar el examen de fondo sobre su constitucionalidad.

Durante sesión plenaria del 23 de diciembre, la Corte argumentó que “deben respetarse las que regulan las situaciones administrativas de carácter individual y colectivo a favor de los servidores judiciales y que impactan la determinación legal estatutaria vigente sobre la vacancia judicial”.

El tribunal anunció que el análisis se centrará en determinar si el Gobierno efectivamente cumple con los requisitos del artículo 215 de la Constitución, es decir, la existencia de hechos extraordinarios e imprevisibles que justifiquen la declaración de emergencia económica, así como la posibilidad de que existan alternativas ordinarias para afrontar el déficit fiscal.