Gobernador de Antioquia advirtió impacto negativo para las regiones por la emergencia económica de Petro: “Se perderán $30 mil millones”

La implementación del decreto de emergencia económica y social emitido por el Gobierno nacional despertó preocupación en Antioquia, donde la Gobernación estima que las modificaciones anunciadas podrían ocasionar que el departamento deje de percibir más de $30.000.000.000, una cifra que, según el gobernador Andrés Julián Rendón, supera el presupuesto anual conjunto de varias dependencias estratégicas como las secretarías de Gobierno, Juventud y Mujeres.

Este posible golpe a las finanzas regionales, advierte la administración departamental, surge del cambio propuesto sobre impuestos con destinación territorial, como los gravámenes al consumo de licores y cigarrillos, que son esenciales para la financiación de múltiples programas locales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En el comunicado divulgado el 26 de diciembre de 2025, el gobernador local sostuvo que el decreto no responde a una emergencia súbita, sino a problemas estructurales y previsibles dentro de las finanzas nacionales. Subrayó que la medida profundiza el centralismo y pone en riesgo los ingresos de los departamentos, preocupaciones centrales en su análisis de la política fiscal actual.

En su explicación, Rendón hizo hincapié en que el fracaso parlamentario de la ley de financiamiento no constituye una situación fuera de lo común, sino que responde a la lógica de la separación de poderes y a la dinámica regular de la oposición, por lo que, a su juicio, no habilita al presidente para legislar por decreto.

La preocupación regional toma fuerza sobre la posibilidad de modificar la recaudación de impuestos con destinación territorial. Según el mensaje oficial, tributos como el impuesto al consumo de licores y cigarrillos se verían afectados, con lo que, en palabras del gobernador de Antioquia, “se incentiva el contrabando, se usurpan recursos de las regiones y se traslada una crisis de gasto de la Nación a una crisis de ingresos de los departamentos”.

Andrés Julián Rendón recalcó en el comunicado que, a su entender, la iniciativa presidencial constituye “un nuevo abuso del Estado de derecho y una estrategia para mantener prácticas derrochonas, ineficientes y desiguales a las que este Gobierno nos tiene acostumbrados”. El mandatario departamental argumentó que los problemas fiscales actuales eran previsibles y forman parte del funcionamiento ordinario del sistema institucional colombiano, por lo cual la declaratoria de emergencia carece de justificación a la luz de los principios constitucionales.

El gobernador de Antioquia alertó que la medida, más allá de la disputa institucional, implica efectos prácticos concretos que debilitarían la autonomía regional y generarían efectos negativos adicionales en la economía local. Considera que la decisión traslada responsabilidades financieras del nivel nacional a los niveles subnacionales, afectando directamente los recursos destinados a programas sociales y de gobierno fundamentales para la región.

Acciones legales para detener el decreto de emergencia económica

Para frenar la medida que impulsa el presidente Petro, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, argumentando: “La emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. El déficit fiscal y el hundimiento de una Ley de Financiamiento en el Congreso no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Es el turno para que la Corte proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos saqueado por el gobierno socialista de Petro”, según declaró a medios nacionales.

Bajo esta línea, Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, y el abogado Germán Calderón España, se sumaron como demandantes, exigiendo no solo la declaración de inexequibilidad del decreto, sino como una medida de suspensión provisional mientras se completa la revisión constitucional.

El togado hizo referencia a la importancia del Congreso de la República en el proceso, advirtiendo que la Cámara debe ejercer funciones de control sobre el decreto de emergencia y que el Legislativo tendría que convocar a sesiones extraordinarias.

En sus fundamentos jurídicos, De la Espriella cuestionó la validez del decreto de emergencia económica, al señalar que, en su opinión, “el documento no se fundamenta en hechos sobrevinientes o extraordinarios que pudieran alterar la situación económica del país”, por lo que reclama su declaración de invalidez.