Así operaba Giovanna Arroyo, la colombiana solicitada por Italia por explotar y extorsionar a mujeres: fue capturada en Cali

En medio de operativos adelantados por las autoridades en Cali, Valle, la Policía Nacional confirmó la captura de Giovanna Arroyo Vacca, solicitada por la justicia italiana por, presuntamente, articular una red transnacional dedicada a la explotación sexual y la extorsión en la ciudad de Catania, Italia.

Según informes oficiales del país europeo, la estructura criminal, en particular Arroyo Vacca, empleaba tácticas de intimidación, coerción económica y violencia psicológica para someter a sus víctimas.

Las autoridades italianas sostienen que Arroyo Vacca ocupaba un rol clave dentro del grupo delictivo, cuya operación se centraba en captar mujeres, forzarlas a la prostitución y mantenerlas bajo control mediante deudas fabricadas y amenazas constantes. El esquema configuró un patrón de delitos transnacionales contra los derechos y la seguridad de las mujeres.

La captura de Arroyo Vacca fue posible gracias a la acción coordinada entre la Policía Nacional de Colombia y organismos de cooperación internacional como la OCN Interpol Italia, luego de que le emitieran circular roja a la colombiana.

Las investigaciones revelan que la red criminal no solo operaba en Italia, sino que tenía ramificaciones en Colombia, donde reclutaba a mujeres mediante engaños y falsas promesas de trabajo en Europa, según información conocida por El Tiempo.

Una vez en el extranjero, las víctimas eran sometidas a condiciones degradantes y obligadas a ejercer actividades sexuales para cubrir supuestos gastos de manutención y hospedaje.

Las autoridades judiciales destacaron que la estructura delictiva utilizaba mecanismos de violencia psicológica y deudas económicas inducidas para controlar a las víctimas. El objetivo era impedir cualquier intento de denuncia o escape, perpetuando así el ciclo de explotación.

En enero de 2026, la Fiscalía y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) capturaron en Colombia a Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, presuntos integrantes de otra organización transnacional vinculada a la trata de mujeres. Según la Fiscalía General de la Nación, Hernández Díaz se encargaba de captar a jóvenes en situación vulnerable, principalmente en Cali, ofreciéndoles falsas oportunidades laborales para llevarlas a Oslo, Noruega.

En el proceso de reclutamiento, Hernández Díaz solicitaba a las jóvenes estudios fotográficos en ropa interior, gestionaba pasaportes y trámites consulares, y coordinaba la expedición de cartas de invitación para facilitar el viaje a Europa. Además, organizaba el traslado de las víctimas desde Cali hasta el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, desde donde partían hacia su destino final.

Por su parte, Cadena Roa estaría implicado en la logística y en acciones de intimidación con armas de fuego para disuadir a las víctimas de acudir a las autoridades. Así, se reforzaba un ambiente de miedo y silencio que dificultaba la detección y el desmantelamiento de la red.

El éxito de estos operativos se atribuye al intercambio de información y al trabajo articulado entre organismos nacionales e internacionales. Las autoridades también recarcaron la importancia de la denuncia ciudadana y difundieron los canales oficiales para alertar sobre casos de trata, extorsión o reclutamiento.

Entre ellos se encuentran la línea contra el crimen 314 358 7212, las líneas de emergencia 107 y 157, los números del GAULA 147 y 165, y la línea 141 para denuncias de reclutamiento infantil.

El caso de Arroyo Vacca no es aislado, sino que refleja un patrón recurrente en Colombia relacionado con la explotación de mujeres a nivel transnacional. El esquema criminal suele iniciarse con promesas engañosas y se mantiene mediante el control económico y el temor, afectando de manera directa la integridad y la libertad de las víctimas.

La captura de Arroyo Vacca y la desarticulación de redes similares constituyen un avance en la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, las autoridades advierten que la vigilancia y la denuncia siguen siendo esenciales para reducir la incidencia de estos delitos y proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.