El arresto de Cristhiam Camilo Villamil Benavides, teniente coronel de la Policía Nacional, representa un nuevo foco de atención sobre la violencia de género y el abuso de poder en la fuerza pública de seguridad en Cundinamarca.
De acuerdo con elementos probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación, el oficial, que ostentaba la comandancia del Distrito N°2 Sabana en el Departamento de Policía de Cundinamarca, habría utilizado su posición jerárquica para intimidar, acosar y agredir sexualmente a una subalterna, una joven auxiliar bachiller.
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La investigación detalla una conducta persistente y progresiva por parte del teniente coronel Villamil Benavides: la víctima fue objeto de persecución, asedio e insinuaciones de índole sexual durante varios días.
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El 8 de diciembre, el oficial solicitó a la joven que acudiera a los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá (Cundinamarca).
En ese lugar, teniendo pleno conocimiento de que la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad y sin posibilidad de defensa, procedió a agredirla sexualmente.
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Durante el proceso, se descubrió que el teniente coronel habría amenazado a la auxiliar con frenar su carrera policial si decidía denunciar los hechos. La presión y las amenazas sobre el futuro profesional de la víctima forman parte central de la imputación presentada por la Fiscalía.
En la audiencia, así lo explicó el fiscal encargado: “Se valió de su cargo entre la Policía Nacional como teniente coronel y encargado como comandante del Distrito dos de la Sabana Norte, lo que genera en estricto sentido que usted representaba una autoridad sobre la víctima, para no solo intimidar a la víctima, ejercer violencia psicológica frente a la misma ante su vejamen sexual, sino posterior a su ataque, obligándola a guardar silencio e intimidándola con su cargo y el presunto poder que ostenta dentro de la Policía, sin incluso amenazándola con trucar su sueño de ingresar a la policía. Además de los repetidos acosos sexuales ya referidos realizados por usted en diferentes oportunidades”.
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Como resultado de estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a Villamil Benavides los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual, delitos que, conforme al Código Penal colombiano, contemplan penas privativas de la libertad y sanciones agravadas ante el uso de la superioridad funcional y las amenazas.
Ante la lectura de cargos, el procesado no aceptó su responsabilidad, lo que implica el inicio formal de un proceso penal en su contra. Mientras avanza dicho proceso, Villamil Benavides deberá permanecer bajo medida de aseguramiento en un centro de reclusión destinado a integrantes de la Policía Nacional.
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Condenaron a expolicia por abuso sexual a bachiller en estación del Metro de Medellín
La sentencia contra el exintegrante de la Policía Nacional Kevis Marcelo Urango Romero ha generado un precedente relevante en la respuesta judicial a delitos de violencia sexual dentro de las fuerzas de seguridad en Medellín. El exuniformado recibió una condena de 10 años y 8 meses de prisión por el delito de acto sexual violento, tras demostrarse su responsabilidad en hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2022.
De acuerdo con los datos aportados por la Fiscalía General de la Nación, la investigación determinó que Urango Romero, utilizó su posición jerárquica para ordenar a una auxiliar bachiller de 19 años que acudiera al cuarto de seguridad de la Estación Hospital del Metro de Medellín.
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Este espacio, destinado al descanso de uniformados, fue el escenario donde, según la Fiscalía, el patrullero cerró la puerta con llave y procedió a besar a la víctima por la fuerza, además de realizarle tocamientos sexuales sin su consentimiento. La entidad acusadora aseguró que la evidencia recolectada permitió establecer la secuencia de los acontecimientos y confirmar la vulneración de la integridad de la joven auxiliar.
El fallo judicial, respaldado por la valoración probatoria de la Fiscalía, consideró probada la conducta delictiva, lo que llevó a la imposición de la pena privativa de libertad.
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La defensa del condenado interpuso recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, con el objetivo de que la sentencia sea revisada en segunda instancia, como lo permite la legislación colombiana.
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