La Policía Nacional capturó por orden judicial a once integrantes del movimiento radical denominado PPP (Brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo) en Bogotá, tras una rigurosa investigación de más de un año.
Los detenidos son señalados de perpetrar actos vandálicos en diferentes puntos de la capital colombiana entre 2024 y 2025, utilizando un orden estratégico para llevar a cabo con éxito sus operaciones criminales.
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Así se logró desarticular el grupo de los PPP
El operativo incluyó el análisis de más de 4.000 horas de video, la interceptación de 50 líneas telefónicas y la revisión de información extraída de redes sociales, así como entrevistas a testigos y víctimas.
De acuerdo con la comunicación oficial de las autoridades, los miembros de la organización ingresaban a universidades públicas, como la Universidad Tecnológica Distrital del Sur y la Nacional, con carnets falsos simulando ser estudiantes. Dentro de estos recintos, se reunían para cambiarse de ropa y preparar artefactos peligrosos como bombas molotov o “papas bomba”, los cuales utilizaban en actos violentos dirigidos contra la fuerza pública, estaciones de Transmilenio y buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).
“Hay que resaltar y dejar claro que estas personas no eran estudiantes de ninguna universidad pública de Colombia. Ellos buscaban generar el caos en la universidad, tenían el control. Han generado algunos golpes, incluso contra los celadores de dicha universidad (Nacional), vendedores ambulantes, incluso los mismos estudiantes”, sostuvo el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá.
Para dificultar su identificación, empleaban máscaras, guantes y cubrían sus zapatos con bolsas plásticas. La coordinación de los ataques se realizaba principalmente mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Instagram y Facebook.
El perfil y rol de los capturados
Entre los capturados figura el presunto líder conocido como “Salvatore”, quien habría dirigido la planeación y convocatoria de los actos, además de determinar quién debía portar los explosivos en cada incursión.
Según la Policía, está vinculado a al menos 10 hechos vandálicos durante 2024 y 2025, incluyendo la quema de vehículos oficiales y daños a la infraestructura de la estación Ciudad Universitaria de Transmilenio. Tras conocer que era buscado por las autoridades, “Salvatore” habría huido el pasado 17 de septiembre a Manta (Ecuador).
Los coordinadores identificados como alias Tolima, Copete y No Educado eran los encargados de transportar combustible y material explosivo para los ataques.
La investigación determinó que “Tolima” adquiría explosivos en Medellín y los enviaba a Bogotá mediante encomiendas para eludir controles. En una diligencia de allanamiento en 2024, la policía le incautó aproximadamente un kilo de material explosivo destinado a la fabricación de artefactos dentro de universidades públicas. Por su parte, “No Educado” sería responsable de la quema de un bus frente a la Universidad Distrital en Ciudad Bolívar en 2024 y viajó a Chile en 2019 durante disturbios para adiestrar a grupos locales en técnicas evasivas.
Otros miembros reconocidos como alias Chimoi, Topo, Chinche San, El Pri, Garu, 83 y Slow cumplían funciones de fabricar los explosivos y participar en las acciones violentas.
En particular, el 11 de septiembre de 2025, “Garu” sufrió la amputación de tres dedos al explotar una “papa bomba” que fabricaba dentro de la Universidad Nacional.
Durante 13 operativos de allanamiento realizados en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Suba, la policía incautó prendas utilizadas en los atentados, un arma de letalidad reducida, material explosivo, 13 dispositivos móviles y 4 computadores.
Las autoridades señalaron que los detenidos registran antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) y enfrentan cargos por terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, fabricación y porte de armas y explosivos, empleo de sustancias peligrosas, perturbación al servicio público de transporte, daño en bien ajeno agravado y violencia contra servidor público. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los acusados.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, enfatizó que: “Mi petición como alcalde es seguir avanzando en la investigación para identificar a todos aquellos que apelan a la violencia, que ponen en riesgo a los ciudadanos, que afectan los derechos de los ciudadanos con violencia, afectando, por ejemplo, el sistema de transporte público (...) Nos han pedido durante mucho tiempo, por favor, capturen a los responsables de violencia. Eso tenía que hacerse bien, metódicamente, cumpliendo todas las normas, se hizo y gracias a ese esfuerzo hoy tenemos 11 capturados”.
La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso para continuar enfrentando los delitos de alto impacto y llamó a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.
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