Defensoría del Pueblo rechaza el anuncio de paro armado de disidencias en Putumayo y Caquetá

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al anuncio de paro armado por 22 días en los departamentos de Caquetá y Putumayo, emitido por el frente Carolina Ramírez, una de las estructuras del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las extintas FARC.

Según el organismo, la medida, anunciada para extenderse del 9 al 30 de diciembre, afectará gravemente los derechos y la seguridad de las comunidades que habitan estas zonas del sur del país, en límites con Perú y Ecuador.

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A través de su cuenta oficial de X, la Defensoría del Pueblo advirtió que el paro armado decretado por el grupo ilegal busca restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, limitar la movilidad de las personas y obligar al cierre de comercios en varios municipios. En ocasiones previas, la imposición de este tipo de medidas ha ido acompañada de amenazas y agresiones dirigidas a quienes no acaten las restricciones dictadas por la estructura armada.

En su pronunciamiento, el organismo estatal sostuvo: “Ningún actor armado puede restringir ilegalmente la movilidad ni las libertades de la población. Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones."

Según la institución, el paro armado afecta el normal desarrollo de la vida cotidiana y profundiza el temor en sectores históricamente vulnerables.

Medidas institucionales y llamado a autoridades

La Defensoría comunicó que activó su sistema de alertas tempranas en la región para acompañar a las comunidades expuestas a mayores riesgos y para verificar eventuales afectaciones causadas por el paro armado. Subrayó la necesidad de que las autoridades nacionales y locales refuercen la seguridad y garanticen la libre movilidad, dando prioridad a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas, que suelen tener menos capacidad de respuesta ante situaciones violentas.

De acuerdo con el organismo, el control territorial que buscan imponer estructuras como el frente Carolina Ramírez refleja la complejidad del conflicto en Caquetá y Putumayo, dos departamentos en los que diferentes grupos armados operan con el objetivo de dominar corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilegales.

Putumayo, en particular, presenta una situación crítica: es la segunda región con mayor producción de hoja de coca en Colombia, solo superada por el departamento de Nariño.

Alerta de Human Rights Watch sobre abusos y control armado

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) alertó recientemente que los grupos armados en Putumayo están utilizando los espacios de negociación con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han sido responsables de abusos graves, entre ellos actos violentos contra comunidades indígenas. Aunque algunas mesas de diálogo se han traducido en avances para destruir armas o reemplazar cultivos de coca, otras estructuras, como el frente Carolina Ramírez, persisten en su meta de ejercer dominio a través de la violencia.

El frente Carolina Ramírez operó en mesas de diálogo con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero en la actualidad no participa en las negociaciones. De acuerdo con la información ya confirmada por la Defensoría y HRW, en la zona operan también los grupos Comandos de la Frontera y el frente Raúl Reyes.

Los primeros forman parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), y mantienen actividades en el sur y en la frontera con Ecuador, mientras que el Raúl Reyes concentra su presencia en el norte de Putumayo y partes de Caquetá.

Dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo se encuentran en negociaciones con el Gobierno nacional. El frente Carolina Ramírez, desligado actualmente del proceso, ha incrementado en los últimos meses la presión sobre amplios sectores de la población civil, como lo demuestra la reciente declaratoria de paro armado.

La Defensoría del Pueblo concluyó reiterando: “La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial.” Al mismo tiempo, mantuvo la disposición de acompañar en territorio a las comunidades y articular esfuerzos con las autoridades para mitigar los efectos del paro y supervisar la situación humanitaria en Caquetá y Putumayo hasta finales de diciembre, fecha en la que el grupo anunció que cesará la medida de presión.