Piden aplazar zonas de ubicación para el Clan del Golfo en Córdoba: temen que el grupo criminal afecte las elecciones del 2026

El 5 de diciembre de 2025, el Gobierno de Colombia y el Clan del Golfo —autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— avanzaron en un primer acuerdo para la desmovilización de integrantes del grupo armado, el cual estará vigilado con un mecanismo internacional que operará desde Doha, Catar, sede de la mesa de diálogos.

En el documento, se establecen tres zonas de ubicación temporal para los combatientes, que estarán en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba), donde se prevé la llegada gradual de combatientes a partir del 1 de marzo de 2026.

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Justamente, en el municipio cordobés crece la preocupación entre líderes comunales y la población civil, advirtiendo el riesgo de que esta medida afecte la transparencia de las elecciones legislativas y presidenciales previstas para el 8 de marzo de 2026.

José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, lanzó una petición al Gobierno colombiano para que se logre una prórroga de diez días, de modo que la llegada de los combatientes ocurra después de la jornada electoral, para evitar cualquier interferencia de grupos armados en el desarrollo de los comicios.

“Es inconcebible que en pleno proceso electoral existan estas agrupaciones”, expresó el vocero comunitario en diálogo con Caracol Radio.

La preocupación no solo abarca la elección presidencial y legislativa, sino también la de representantes a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, un espacio reservado para las víctimas del conflicto.

Cervelion Cogollo, presidente de la Asociación Campesina para el Alto Sinú (Asodecas), subrayó al citado medio de comunicación la importancia de garantizar la transparencia en este proceso.

“Esta curul nuestra es única y exclusivamente de las víctimas; exigimos que la elección se realice con toda la transparencia”, manifestó el líder social a la cadena radial.

Así mismo, Arnobi Zapata, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), sostuvo que la presencia de los integrantes del grupo armado, días antes de las elecciones parlamentarias, podría generar temor en la población de Tierralta.

“Para nadie es un secreto que precisamente este actor armado, tanto en las elecciones de la curul especial pasada como en esta, piensa incidir”, declaró.

Según lo contemplado en el acuerdo entre el Gobierno Petro y el EGC, el listado inicial de integrantes será entregado al consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y se actualizará progresivamente.

La definición exacta de los lugares rurales para las ZUT se realizará mediante un acto administrativo, y antes del 3 de febrero de 2026 deberán establecerse los protocolos operativos en materia de seguridad, logística, monitoreo, resolución de controversias y manejo de material de guerra.

Otros aspectos del acuerdo en Catar

De igual manera, el acuerdo prevé la suspensión de órdenes de captura y extradición para los combatientes durante su tránsito hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), con el objetivo de ofrecer garantías jurídicas y humanas.

Además, se amplía la implementación de acciones piloto para la consolidación de la paz a quince municipios de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó. A los municipios seleccionados en el ciclo anterior —Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó)— se suman Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar).

Los grupos de trabajo municipales, integrados por autoridades locales, organizaciones sociales, comunidades indígenas y afrodescendientes, población Lgbtiq+, empresarios y medios comunitarios, tendrán un papel central en la articulación de estas acciones, según se establece en el documento oficial.

Estos grupos deberán preparar las condiciones logísticas y administrativas de las ZUT y podrán discutir la creación de nuevas zonas, siguiendo principios de gradualidad y progresividad.

El acuerdo establece la creación de un Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación, que será instalado el 18 de diciembre de 2025.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) tendrá el mandato de verificar el cumplimiento de los compromisos y de impulsar gestiones de apoyo financiero, técnico y logístico, según el documento oficial.

El texto subraya la importancia de definir condiciones progresivas para contribuir tempranamente a la satisfacción de los derechos de las víctimas desde el ingreso a las ZUT.

Además, reitera la invitación a la Fiscalía General de la Nación para informar sobre los avances en el mecanismo especial de priorización de denuncias por infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

El acuerdo fue firmado por delegados del Gobierno de Colombia, representantes del EGC y observadores nacionales e internacionales, consolidando un compromiso conjunto para avanzar en la construcción de paz en el país.

Los firmantes hacen un llamado a la sociedad colombiana para que asuma la construcción de la paz como un objetivo común, más allá de diferencias ideológicas o políticas, y a preservar la imparcialidad y la integridad de este proceso.

“Convocamos a la sociedad colombiana a reafirmar la construcción de paz como un objetivo común a los intereses de todos los colombianos y colombianas, independiente de sus ideologías, credo o posición política”, indicaron en el documento.