Este es el acuerdo entre el Gobierno Petro y las disidencias de ‘Walter Mendoza’: habrá zonas de ubicación temporal

En el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño, culminó el sexto ciclo de conversaciones entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), grupo que se originó tras su exclusión de la Segunda Marquetalia, organización liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

En esta fase de las negociaciones de paz, ambas partes lograron dos nuevos acuerdos que buscan facilitar el tránsito de los integrantes de este grupo armado hacia la ciudadanía plena y avanzar en la terminación del conflicto.

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Las medidas, según comunicó la Consejería Comisionado de Paz en la red social X, se articulan con procesos de transformación territorial y la sustitución de economías ilegales por actividades productivas legales y sostenibles.

“Estos compromisos marcan un paso decisivo hacia una paz que se construye con hechos y con la voz de las comunidades”, se lee en el documento.

Uno de los puntos centrales de los acuerdos es la creación de Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT), donde los miembros reconocidos de las disidencias, al mando de José Vicente Lesmes, conocido como alias Walter Mendoza, contarán con garantías en materia de seguridad física, económica y jurídica.

Entre los objetivos, se acordó “iniciar la ruta gradual de desuso, entrega y destrucción de armas, e iniciar el tránsito a la ciudadanía plena”. Además, se prevé el desarrollo de un proceso de reintegración “social, política, económica, cultural y comunitaria de los integrantes en tránsito a la ciudadanía plena de la Cneb”.

El acuerdo también contempla la facilitación de mecanismos de justicia transicional y restaurativa, así como aquellos procedimientos judiciales necesarios para definir la situación jurídica de los miembros de la Coordinadora. Las zonas de ubicación serán transitorias y temporales, sin vocación de permanencia, y su implementación será gradual y progresiva, con monitoreo y verificación constantes.

“Como piloto las Delegaciones acuerdan la puesta en marcha de dos ZUT-ZOCIUT en la zona rural de Roberto Payán, en Nariño, y en la zona rural del municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo, por el término de diez (10) meses”, se lee en el acuerdo.

Proceso electoral

De otro lado, el Gobierno de Gustavo Petro y el Cneb también avanzaron en las garantías electorales y el libre ejercicio del voto, teniendo en cuenta que este proceso se realizará en el primer semestre de 2026.

Por un parte, las disidencias de Walter Mendoza se comprometió a “respetar en forma integral los próximos certámenes electorales”, en los que se elegirá el nuevo Congreso y Presidente de la República, así como a su suspensión de actividades armadas ni de otro tipo que obstaculicen la organización de los procesos electorales a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El acuerdo incluye la promesa de no realizar “proselitismo armado” y mantener “neutralidad ante las distintas candidaturas y campañas electorales”.

“Los candidatos que deseen adelantar sus actividades de campaña electoral en estos territorios podrán hacerlo libremente”, expresaron los integrantes del grupo armado.

Uno de los temas abordados en la mesa de diálogo fue la falta de cédula de ciudadanía de muchos habitantes de la región, por lo que el Gobierno nacional se comprometió a gestionar la expedición de documentos de identidad, especialmente en zonas rurales de Nariño y Putumayo.

“La mesa a través de la delegación de Gobierno nacional solicitará a La Registraduría Nacional del Estado Civil que informe a los habitantes de dichos municipios las fechas en que adelantará la actividad de cedulación. Esta acción tendrá en cuenta lo establecido el artículo 66 del Código Electoral”, indicó el Gobierno.

Tanto el Gobierno Petro como la Coordinadora Nacional han establecido que el objetivo fundamental de estos acuerdos es que el proceso de paz avance de manera paralela y coordinada con la transformación de los territorios afectados, permitiendo que los excombatientes y las comunidades accedan a derechos y oportunidades en condiciones de legalidad y seguridad.

Con estos nuevos dos puntos, ya van 14 acuerdos entre el Ejecutivo y el grupo armado, respectivamente.