Abogado de ‘Papá Pitufo’ confirmó que se reunió con Gustavo Petro para gestionar la entrega del presunto zar del contrabando: “Sí se produjo, punto final”

Gonzalo Boye, el abogado que representa en España a Diego Marín Buitrago —conocido con el alias de “Papá Pitufo” y señalado en Colombia como presunto líder de la red de contrabando más grande del país— confirmó que se reunió con el presidente Gustavo Petro en Bogotá como parte de los primeros acercamientos para gestionar la situación legal de su cliente.

La confirmación despeja una duda que había generado controversia política en Colombia: el propio Petro había negado haber dado instrucciones para que un funcionario del gobierno viajara a España a reunirse con Boye.

“La reunión sí se produjo. Punto final”, dijo el abogado en entrevista con Caracol Radio Y ante la insistencia sobre dónde ocurrió y quiénes participaron, Boye precisó: “Fue en Bogotá y del resto no puedo hablar, pero el presidente Petro y yo sí estuvimos.”

Según explicó Boye en la entrevista, tras ese encuentro en la capital colombiana se concretó una segunda reunión, esta vez en su despacho en España, a la que habría asistido Isaac Beltrán, funcionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en calidad de enviado especial del gobierno colombiano.

El abogado aclaró que no pidió autorizaciones a los asistentes al inicio del encuentro, pero fue enfático: “Es evidente que un funcionario público no viaja al extranjero sin autorización gubernamental.” El contenido de ambas reuniones quedó protegido por el secreto profesional y Boye se negó a revelar lo que allí se trató.

Para entender por qué estas reuniones importan tanto, hay que saber quién es Marín Buitrago. Se trata de un empresario colombo-español al que la justicia colombiana acusa de haber dirigido, por más de 30 años, una red de contrabando de textiles, calzado y cigarrillos que ingresaba mercancía ilegal por los puertos de Buenaventura y Cartagena.

Las autoridades colombianas también lo señalan de haber sobornado a miembros de la Policía Fiscal y Aduanera y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que no revisaran sus contenedores. Marín Buitrago, además de la nacionalidad colombiana, tiene la española, un detalle que su defensa ha usado en el proceso legal: en principio, los países no suelen entregar a sus propios nacionales.

Fue capturado en Valencia, España, en abril de 2024. Un juez le otorgó libertad provisional y cruzó la frontera hacia Portugal, donde fue recapturado en diciembre de ese mismo año. Desde entonces, espera en territorio portugués la resolución de una solicitud de asilo político, que es el mecanismo legal que tiene frenada su extradición a Colombia. Su defensa argumenta que en Colombia sería víctima de persecución política y que su vida correría peligro.

Sobre los tiempos del proceso, Boye fue cauteloso. Dijo que todavía faltan “bastantes meses” para que haya una decisión en la vía administrativa y que, si el resultado no favorece a ninguna de las partes, vendrían más recursos judiciales. “Aventurarnos a establecer tiempos yo creo que es un error”, señaló.

El abogado también se refirió a las declaraciones públicas del gobierno de Petro, que ha dicho estar dispuesto a “hacer todo lo que haga falta” para traer a Marín Buitrago a Colombia. Para Boye, esa frase no genera tranquilidad: “Un gobierno puede hacer lo que la ley le permite, no todo lo que haga falta. Cuando se habla de todo lo que haga falta, a mí siempre me recuerda a traspasar líneas rojas.”

Ante la pregunta de si las reuniones con el gobierno colombiano pudieron haber sido una estrategia para extraerles información a él o a su cliente, Boye descartó esa posibilidad: “Yo creo que Diego es una persona con suficiente experiencia profesional y vital para que nadie le saque lo que no quiera que le saquen.” Y sobre su propia postura, añadió: “Lo que ha habido es una postura errática por parte de las autoridades.”

Boye lleva entre diez y doce años representando a Marín Buitrago en distintos asuntos legales en España, desde protección de datos hasta derecho a la propia imagen.