La suspensión provisional del pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio anunciada por la Corte Constitucional representa un alivio económico para las universidades privadas en Colombia, destacó Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).
El fallo permite a más de 90 instituciones asociadas evitar un desembolso que, según Domínguez, habría afectado su operación durante el primer semestre del año.
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Óscar Domínguez, al frente de la Ascun, explicó a Blu Radio que la decisión de la Corte da “un respiro financiero considerable a las universidades privadas”.
Señaló que, según los cálculos de la asociación, el monto total estimado a pagar por el sector ascendía a $140.000 millones, de los cuales la suspensión dejó $70.000 millones congelados.
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Eso permite a las instituciones priorizar pagos clave como la contratación de docentes, la adquisición de materiales e inversiones en infraestructura. Domínguez agregó que muchas universidades debieron utilizar recursos de matrículas estudiantiles para cumplir con la primera cuota exigida por el Gobierno nacional.
En este punto es importante explicar que es el Impuesto al Patrimonio, es una “cuota” que le pagas al Estado solo por el hecho de ser dueño de muchas cosas (casas, carros, plata en el banco, inversiones). Para el gobierno de Gustavo Petro, este impuesto es su herramienta principal para aplicar lo que él llama “justicia social”.
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“Desde la asociación de las más de 90 instituciones de educación superior, calculamos unos ciento cuarenta mil millones de pesos”, explicó Domínguez. “En relación al objetivo global del Gobierno, es una cifra pequeña, pero el impacto para la sostenibilidad de la educación superior privada es significativo”.
Incertidumbre sobre la devolución de la primera cuota del impuesto al patrimonio
Domínguez reconoció ante el medio radial citado la incertidumbre jurídica sobre la posible devolución del dinero abonado en la primera cuota. “No conocemos los textos específicos, apenas los anuncios de prensa, pero entenderíamos que, tras la suspensión de la próxima cuota en mayo, habrá que esperar cómo se reglamenta la eventual devolución de esos recursos”, sostuvo.
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El directivo indicó que, conforme a los cálculos internos de la Ascun, las universidades privadas ya aportaron entre $60.000 y 70.000 millones de pesos en la primera cuota. Subrayó que estas sumas no estaban previstas en la planeación financiera de las instituciones: “Estos recursos fueron de última hora y se utilizaron durante el desarrollo de un semestre académico”.
Respecto a las universidades que presentaron declaración sin realizar el pago, Domínguez manifestó su preocupación por los intereses de mora: “Para quienes declararon y no pagaron, ya están corriendo los intereses”. Además, precisó que la Dian realizó visitas y fijó plazos para responder, por lo que el sector espera claridad sobre posibles sanciones y el futuro de los fondos ya consignados.
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Opinión de Ascun sobre la emergencia económica y el fallo de la Corte Constitucional
En cuanto a la emergencia económica que llevó al cobro del impuesto, Domínguez aseguró en Blu Radio que, a diferencia de ocasiones anteriores, “sí hay una justificación, porque Córdoba estuvo profundamente afectada por las inundaciones. Todos los colombianos vimos ese drama”.
Consideró que el Estado debe responder para restablecer la producción y apoyar a pequeños propietarios y campesinos de la región.
Domínguez resaltó el papel de la Corte Constitucional al examinar la proporción del monto exigido: “La Corte hace una tarea muy importante identificando que el valor que solicita el Gobierno no está sustentado. Está pidiendo mucho más de lo que se necesita realmente para atender la emergencia”.
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Añadió que el sector universitario privado espera que el proceso judicial avance con “mayores exigencias en la fase de pruebas” y que el aporte solicitado a las universidades sea razonable y acorde a sus capacidades reales.
El director ejecutivo de Ascun concluyó en Blu Radio que el alivio financiero derivado de la suspensión del impuesto permitirá mantener el acceso a la educación superior privada, garantizando miles de matrículas y ampliando las oportunidades educativas en Colombia.
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